Desde hace unas semanas, el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha comenzado a tener reuniones con representantes de industrias supervisadas y gremios Fintech, con el objetivo de dar a conocer el plan de trabajo sobre el proceso normativo de la implementación de la nueva Ley que promueve la Competencia e Innovación Financiera, conocida como Ley Fintech.
Lo anterior ha sido valorado por la industria, ya que avanza en un proceso técnico de carácter público, transparente y participativo. Lo vemos como una buena noticia ya que la CMF, aun cuando tiene un rol de supervisión y fiscalización, ha promovido el diálogo con los distintos actores Fintech para favorecer la aplicación de la norma; se ha escuchado a la industria, para así conocer sus necesidades y opiniones, y luego dictar la normativa específica.
Recordemos que la Ley establece un marco regulatorio para una serie de empresas que ofrecen servicios financieros y que hoy no se encuentran regulados o supervisados por la CMF. Estos servicios incluyen plataformas de financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción. Asesoría crediticia, custodia de instrumentos financieros, intermediación de instrumentos financieros y enrutamiento de órdenes.
El hecho de tener 18 meses para dictar las normas y hacer la bajada específica de la ley, permitirá a la CMF ir paulatinamente regulando los servicios financieros de base tecnológica, a fin de que el mercado pueda adaptarse de manera orgánica. Además, el hecho de existir fiscalización activa, entrega mayor seguridad a los usuarios, porque al operar con entidades fiscalizadas se previene ser víctima de estafas u otros delitos.
La Ley Fintech es resultado de un proceso que se inició en 2018 con mesas de trabajo organizadas por la Comisión, el envío de una propuesta legislativa al Ministerio de Hacienda el 2019 y el trabajo legislativo posterior del Ejecutivo con el apoyo de la CMF y el Banco Central. Este proceso ha contado además con el respaldo de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tomando como base experiencias exitosas de Fintech y Finanzas Abiertas a nivel mundial y regional.
Otro aspecto positivo es que la CMF exigirá a todas las Fintech registradas, cumplir con una serie de obligaciones, entre ellas de entrega de información, gobierno corporativo y gestión de riesgos, lo cual abarca exigencias relativas a ciberseguridad y seguridad de la información. Dependiendo del negocio específico de los nuevos fiscalizados, se deberán cumplir con requisitos adicionales, tales como los de conocimiento e idoneidad (para asesores crediticios y de inversión), de patrimonio mínimo (para los sistemas alternativos de transacción y la custodia de instrumentos), otorgamiento de garantías, entre otros.
Sobre los efectos futuros de la Ley, creemos que promoverá mayor competencia en el mercado, abriendo puertas a nuevos actores, quienes podrán ofrecer servicios que estaban radicados en instituciones financieras tradicionales, como los servicios de pago y transferencias electrónicas, o lisa y llanamente, no existían hasta hace poco tiempo atrás, como son por ejemplo las plataformas de financiamiento colectivo. En segundo lugar, incentiva la inversión en la industria Fintech, ya que la ley entrega certeza jurídica para nuevos inversionistas, especialmente extranjeros, quienes siendo ajenos a la realidad local, tienen ahora la seguridad que sus negocios son regulados, con reglas claras.
En Apparcel Uriarte asesoramos a empresas Fintech chilenas como extranjeras. Actualmente, estamos trabajando activamente con nuestros clientes para ir adaptando los negocios según las nuevas normas que se vayan dictando al efecto, con la finalidad de potenciar su desarrollo en total compliance con los requisitos del regulador.
