Cuando los ingresos de una familia superan sus gastos cotidianos, no suele haber necesidad de revisar en qué se gasta el dinero. Sin embargo, si uno de los miembros pierde su empleo, la pareja debe dialogar sobre cómo ajustar sus finanzas. Esto a menudo implica reconsiderar sus hábitos de consumo: ¿es necesario pagar por siete servicios de streaming? ¿deberían reducir los pedidos de comida a domicilio? ¿tal vez están comprando más de lo necesario?
Algo parecido pasa a nivel de empresas, para nadie es sorpresa que un negocio pujante, con ventas por las nubes hace crecer sus equipos, crea nuevos productos, paga altos bonos a sus ejecutivos y se arriesga con nuevos productos o nuevos proyectos. Sin embargo vienen las crisis, y los atiborrados equipos de trabajo se empiezan a quedar sin tareas, los altos bonos parecen inaceptables en contextos de despidos y el apetito para el riesgo baja.
Bueno, algo parecido le pasa a los países. En un Chile que crecía al 6% y disminuía su pobreza de forma efectiva, sumar leyes, programas e instituciones se podía hacer con total libertad. En el Chile actual, que no crece o lo hace con mucha dificultad, repensar la forma en que hacemos las cosas es un imperativo. Eliminar programas que no funcionan, revisar si las leyes están cumpliendo su propósito, o eliminar regulación obsoleta es fundamental. Eso es lo que hicieron países como España, Portugal o Israel cuando atravesaron condiciones similares a las nuestras.
Este ejercicio del sector público de “mirarse a sí mismo” no se debe acotar a la mejora regulatoria. Un sistema de empleo público moderno y eficaz es también parte importante de los esfuerzos por hacer las cosas mejor. Identificar los espacios donde hay exceso de funcionarios como lo haría una empresa en crisis, y también aquellos donde puede haber un déficit de personal que pueda ameritar nuevas contrataciones. Pero todas ellas basadas en el mérito, en donde se evalúan los desempeños de modo de realmente identificar a aquellos trabajadores que queremos darle más responsabilidades y permitirles crecer en la administración pública y también aquellos que no están a la altura y deben dejar de formar parte de la misma. Eso hoy no ocurre, y se trata de una deuda urgente.
Por eso es importante que el Gobierno haya presentado un proyecto de ley que crea una Agencia de Calidad de Políticas Públicas y Productividad, que viene precisamente a hacerse cargo de una parte del desafío de “introspección”. La otra sigue pendiente y debe integrar el pilar de “modernización del Estado” del Pacto Fiscal que hoy se discute. Finalmente, el desafío será que este auto-análisis genere cambios concretos, que siempre tienen perjudicados. Al igual que la familia que reduce el uso de Uber Eats, repensar cómo hacemos las cosas a veces debe doler, porque sin dolor no hay progreso.
