Ha sido la noticia política de la última semana: el famoso oficio de Hacienda que sugiere recortes y discontinuidad de más de un centenar de programas sociales. Como sabemos, no fue un correo electrónico ni un mensaje por WhatsApp, tampoco una reunión de trabajo o un rumor de pasillo. Nada de eso. Fue un oficio formal, el Nº16 del 21 de abril de 2026, firmado por el ministro Jorge Quiroz Castro, y con a lo menos cinco timbres con vistos buenos. Quienes hemos ejercido cargos de responsabilidad del Estado sabemos que cuando el jefe de la cartera fiscal te envía un documento, cualquiera sea su naturaleza, no es otra cosa que un mandato donde tu margen de maniobra es más bien limitado.
¿Sorprende la medida? Sí y no. No sorprende, porque desde el día 1, primero en la campaña presidencial y luego desde el 11 de marzo, las nuevas autoridades informaron que se venían tiempos difíciles en materia presupuestaria y que se tomarían “decisiones difíciles”. Tampoco sorprende porque, como lo ha dicho DIPRES y el ministro Quiroz, todas las políticas públicas deben ser sometidas a evaluación social y financiera, y una gran cantidad de veces, muchas más de las que nos gustaría reconocer, la fórmula da saldo negativo, por lo que no es ajena a la función pública defender esos programas para salvarlos del recorte o la discontinuidad.
No obstante, la decisión detrás de este oficio sí sorprende. Es que descontinuar 142 programas de 22 ministerios no es cosa menor. Nunca, que yo recuerde, se ha llegado a este nivel de profundidad y alcance. Porque no solo pide descontinuar programas de alta sensibilidad social, como el Plan de Alimentación Escolar de JUNAEB, sino que en otros ítems propone recortar un 15% de los fondos para el próximo año en áreas igualmente complejas, como la PGU y el Bono Invierno.
Tiendo a creer que imperaron impulsos propios de un gobierno debutante, con un gabinete con escasa experiencia pública y política. Y han salido a enmendar, o por lo menos aclarar, algunas de las materias que han sido flanco de críticas. El presidente Kast aseguró que no se terminaban las raciones para los escolares beneficiarios de JUNAEB, mientras que Hacienda despejó que, más que descontinuar, se trata de reformular los programas sociales, lo que es del todo sensato. Estos programas siempre deben ir de la mano de una permanente monitoreo y corrección.
El quid del asunto es si aquí imperó un criterio político por sobre el economicista, ya que nadie me va a sacar de la cabeza que parte importante de esas “sugerencias” tienen un trasfondo ideológico, como los planes de salud a migrantes o eliminar el Programa de Apoyo a la Identidad de Género, PAIG, iniciativa que conozco muy bien y que tiene como propósito darle acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes, y sus familias, que se encuentran en proceso de transición de género. Esta me duele particularmente, pues su implementación me tocó liderar desde la Subsecretaría de la Niñez con bastantes dificultades, porque, créanlo o no, en los gobiernos progresistas también cuesta mucho mover la aguja.
Sea cual sean las razones, ideología o fundamentalismo económico, afortunadamente tenemos voces sensatas dentro del oficialismo que han salido a pedir explicaciones y a criticar el mal manejo comunicacional que ha tenido su propio Gobierno. Sin duda, en Hacienda y La Moneda hay una convicción profunda de que están haciendo lo correcto al recortar presupuesto, pero las autoridades deben colocar en la balanza los costos sociales y políticos que ello tendrá.
Insisto, la medida no sorprende en el fondo, pero sí en su alcance y formas, en medio de la discusión legislativa del Proyecto de Emergencia y en un gobierno que ya resiente la baja en las encuestas. Habrá que ver cómo afrontan este tema y si los ministerios son capaces de revertir o aminorar los efectos de estas recomendaciones. Además, en mi fuero interior espero que el PAIG, así como otros programas sociales, no desaparezca, sino que se pueda mejorar su implementación y acoger sus objeciones para una correcta ejecución.
