Nos encaminamos a un ritmo acelerado a la segunda elección de gobernadores. Con varios cambios en las reglas del juego para las elecciones, estaremos eligiendo a autoridades que velarán por los avances en sus respectivas regiones y se preocuparán del correcto funcionamiento de los gobiernos regionales. Sin embargo, lo que no ha cambiado mucho es el rol que desempeñan y su margen de maniobra para disponer y asignar recursos propios a las necesidades más urgentes de la población. ¿Qué sentido tiene elegir autoridades si estas no pueden decidir respecto de sus gastos? Pareciera ser que bastante poco.
Sin ánimo de desmerecer el trabajo realizado por quienes detentan estos cargos desde hace tres años, la descentralización que se buscó con su elección popular no se logra sin mayores libertades. Y sea cual fueren las razones, como el caso Convenios, los fallidos procesos constitucionales o los escándalos de corrupción, lo cierto es que el proyecto de ley de rentas regionales hoy duerme en el Congreso.
Con sus matices, esta propuesta significaba un avance hacia la descentralización fiscal. Y es que, con ciertos límites regulatorios, exigir una mayor profesionalización de los gobiernos regionales de manera que se comprometan con una programación financiera de mediano plazo, y que no solo aplique para su periodo sino también contemple los años siguientes, podría traer una serie de beneficios para las regiones.
En primer lugar, quién decide -con ciertos márgenes- a qué se destinan los fondos es alguien que habita y es elegido por quienes viven en la zona, de modo tal que debiera conocer de más cerca las principales necesidades y dolencias de las personas. Además, se descentraliza el gasto en materias como, por ejemplo, la seguridad, cuyo problema está más exacerbado en algunos territorios que en otros. A su vez, el hecho de que se contemple una programación de mediano plazo permite que la política de gasto regional sea un símil a una “política de Estado”, es decir, prioridades que traspasan colores políticos y se concentran en mejorar la calidad de vida de las regiones consistentemente, avanzar en el desarrollo económico, disminuir la pobreza y aumentar las oportunidades laborales, entre otras.
Ahora que se acercan las elecciones locales, debiéramos retomar la conversación respecto de la descentralización fiscal. En plena discusión del presupuesto, con un gobierno que cuenta con baja disponibilidad de liquidez, se hace urgente poner el tema sobre la mesa, ya que evitaría que -nuevamente- las decisiones sigan siendo tomadas por unos pocos en Santiago.
