Educación superior chilena: evaluación 2024 y proyecciones 2025
2024 fue un período relativamente intenso, donde los principales temas estuvieron radicados en el financiamiento de la educación superior y en el cuidado de la salud mental de los estudiantes. Para el año que comienza los tópicos no van a ser muy distintos, aunque es esperable que haya algunas alteraciones provocadas por la actividad electoral.

El año que recién concluyó fue particularmente dinámico en torno a la educación superior. En enero la Fiscalía Nacional Económica (FNE) anunció el inicio de un estudio de mercado cuya finalidad es analizar la evolución competitiva del “mercado” de la educación superior, puesto que tiene la hipótesis de que existen espacios que no se encuentran funcionando de forma adecuada desde el punto de vista de la competencia.
Durante buena parte del año se discutió sobre cómo sería la propuesta legislativa del Gobierno para terminar con el crédito con aval del Estado (CAE), creando un nuevo instrumento de financiamiento estatal para cursar estudios superiores (FES). Este proyecto de ley finalmente se anunció en cadena nacional al finalizar septiembre, presentándose en los primeros días de octubre y siendo aprobado en general en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Sobre esto, la Subsecretaría de Educación Superior se comprometió a estudiar modificaciones.
El mismo mes, entraron en vigor los rigurosos criterios y estándares de acreditación institucional con que la Comisión Nacional de Acreditación evalúa a las casas de estudios superiores. Habían sido definidos con bastante antelación, pero tuvieron su aplicación ahora con distintos planteles técnico-profesionales y universitarios.
En el Congreso Nacional, se aprobó la Ley N° 21.707, que prohíbe que la entrega de títulos y la rendición de exámenes de grado se condicionen al pago de deudas arancelarias, y se discuten varias otras iniciativas de incidencia sectorial. Entre ellas pueden destacarse la que crea un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidados en su salud mental, o la que protege los derechos de estudiantes cuidadores en la educación superior, comúnmente conocido como “Yo cuido, yo estudio”.
Sin perjuicio de todo ello, hubo aprobación o entrada en vigencia de varias otras leyes que, si bien son de alcance más bien general, también repercuten sobre los planteles. Podemos mencionar la ley de las “40 horas”, la de delitos económicos, la Ley Karin, la ley marco de ciberseguridad, y la que regula la protección y tratamiento de datos personales y crea la Agencia dedicada a tutelar dichos aspectos. Siguen aún en discusión otros proyectos relevantes para la educación superior toda: sobre transferencia tecnológica y conocimiento; la que define a los establecimientos de salud como asistenciales docentes y señala las características de la relación entre la red de salud y los planteles; y la de inteligencia artificial.
Mención aparte requiere la continuidad de la tramitación del proyecto que crea el FES, la que estará tensionada por la coyuntura política y la diversidad de propuestas por parte de los candidatos.
Otro asunto de interés para 2025 es la presentación del informe preliminar y definitivo de la FNE en su estudio de mercado, que deberá contener conclusiones y recomendaciones, las que deberían ir en la dirección de destrabar barreras regulatorias que obstaculicen o impidan su normal funcionamiento.
Finalmente, queda para este año ver cómo concluye el trabajo del Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior que convocó la Subsecretaría, uno de cuyos frutos deberían ser los consensos que se plasmen en forma previa a la presentación de la propuesta de modernización académica del sistema de educación superior.
Así, puede concluirse que 2024 fue un período relativamente intenso, donde los principales temas estuvieron radicados en el financiamiento de la educación superior y en el cuidado de la salud mental de los estudiantes. Sobre esta última materia, la Superintendencia de Educación Superior se encuentra en proceso de consulta pública de una norma de carácter general particularmente destinada a regular la convivencia y protección de la salud en los campos clínicos.
Para el año que comienza los tópicos no van a ser muy distintos, aunque es esperable que haya algunas alteraciones provocadas por la actividad electoral.