El reciente acuerdo legislativo, sobre la reforma previsional en Chile marca un hito significativo en la búsqueda de un sistema de pensiones más equitativo y sostenible, que, dicho sea de paso, corresponde a uno de los grandes anhelos de la ciudadanía, así como una de las promesas de campaña del actual gobierno. En este contexto, uno de los aspectos más destacados es el incremento gradual de la cotización previsional en un 7%, que será financiado por los empleadores. Este aumento se implementará de manera escalonada, con un alza del 1% anual hasta alcanzar el 7% en un plazo de siete años.
El sistema previsional chileno se basa, fundamentalmente en el ahorro individual forzado. En la reforma, esto se modifica, puesto que el incremento de cotización será básicamente generado por los empleadores. En esa línea la medida tiene como objetivo fortalecer el sistema de seguridad social, reconociendo la necesidad de adaptarse a los desafíos demográficos actuales, como el aumento de la esperanza de vida y las brechas de género en las pensiones. El incremento de la cotización busca mejorar las pensiones futuras y garantizar una mayor equidad entre los beneficiarios.
Sin embargo, es crucial considerar el impacto económico que esta medida podría tener en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen una parte esencial del tejido productivo nacional. El aumento de los costos laborales podría representar un desafío significativo para estas empresas, especialmente en un contexto económico que aún muestra signos de recuperación. Es fundamental que la implementación de esta reforma contemple mecanismos de apoyo y gradualidad que permitan a las pymes adaptarse sin comprometer su viabilidad.
El debate se ha dado respecto al destino de estos fondos, puesto que, una parte de los legisladores apoyaba la idea que la totalidad fuese a un fondo común, quedando finalmente que un 4,5% irá íntegro a la cuenta individual y el resto se utilizará para financiar a seguros o fondos comunes.
Además, la reforma previsional incluye un incremento en la Pensión Garantizada Universal (PGU) lo que representa un avance importante en la protección social de los jubilados. No obstante, este aumento también implica un desafío fiscal considerable, que deberá ser abordado con responsabilidad para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
En mi opinión, la reforma previsional aprobada representa un paso adelante en la mejora del sistema de pensiones en Chile. Sin embargo, su éxito dependerá de una implementación cuidadosa que equilibre la necesidad de mejorar las pensiones con la realidad económica de las empresas y la sostenibilidad fiscal del país. Es imperativo que las autoridades mantengan un diálogo abierto con todos los actores involucrados para asegurar que esta reforma cumpla con sus objetivos sin generar efectos adversos no deseados.
