El Estado chileno gasta más de lo que tiene. No solo la recaudación está por debajo de lo proyectado, sino que los ingresos no alcanzan para sostener el nivel de gasto, rompiendo así la regla de oro de la responsabilidad fiscal. Mientras el déficit fiscal llegó al 2,9% del PIB, sumando US$10.000 millones adicionales de deuda, el gobierno optó por retirar US$1.000 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) en octubre, reduciéndolo en un 40%, su nivel más bajo desde la pandemia.
Los ingresos fiscales crecieron apenas un 1%, muy lejos del 5,7% proyectado inicialmente. La tributación de contribuyentes no mineros subió solo 4% en vez del 9,9% esperado, generando un déficit cercano a CLP $3 billones. A esto se suman menores rentas de la propiedad por CLP $364 mil millones, debido a menores pagos de SQM y Albemarle.
Pero el problema no es solo la falta de ingresos, sino cómo se gastan los recursos. Según un estudio de IdeaPaís, la inversión pública ha caído del 5,1% del PIB en 2013 al 3,5% en 2023. No se trata solo de falta de proyectos, sino de baja capacidad de ejecución. Aunque los ministerios de Obras Públicas y Vivienda concentran el 85% de la inversión, su ejecución en regiones sigue siendo baja, afectando especialmente al Biobío, la Metropolitana y el Maule. En sectores como Educación, Interior y Seguridad, la baja ejecución deja en evidencia que el problema no es de falta de recursos, sino de gestión.
El gasto en programas públicos es igualmente preocupante. Un segundo estudio de IdeaPaís analizó la oferta programática del Estado y concluyó que de los 689 programas, el 73% presenta deficiencias, con problemas de focalización, eficiencia y eficacia. Peor aún, el 26% de los programas tiene deficiencias graves, lo que significa que no cumplen sus objetivos, pero siguen consumiendo recursos.
El 72% de los programas estatales se monitorea solo por cobertura, sin medir impacto real, y un 63% carece de indicadores de efectividad. Sin evaluación rigurosa, los recursos se asignan a ciegas, perpetuando un gasto ineficiente. Mientras tanto, la reconstrucción tras los incendios en Valparaíso no supera el 1%, JUNAEB fracasa en la compra de materiales escolares y las listas de espera en salud siguen creciendo, pese a los millonarios recursos destinados. Si el Estado no sabe qué funciona y qué no, ¿cómo puede justificar seguir gastando más?
Se insiste en la urgencia de reactivar la inversión y el crecimiento, algo indiscutible para el desarrollo del país. Pero el Estado, lejos de contribuir a ese objetivo, ha sido un obstáculo más que un facilitador. No solo no ha generado condiciones para atraer inversión, sino que tampoco ha sabido administrar bien lo que ya tiene. La incertidumbre jurídica, la burocracia y la falta de eficiencia en el gasto han debilitado la confianza del sector privado y mantienen estancado el crecimiento. No basta con exigir más inversión si el propio Estado no ordena sus cuentas ni gestiona bien sus recursos.
Chile enfrenta una inercia fiscal peligrosa: la inversión se desploma, el gasto crece sin control y la deuda sigue aumentando. Es urgente reordenar prioridades, reasignar recursos y enfocar la inversión en sectores estratégicos como energía, tecnología y desarrollo productivo. La alternativa es seguir parchando el déficit con más deuda hasta que el país quede sin margen de maniobra. Si no corregimos el rumbo ahora, la crisis no será sólo fiscal, sino estructural.
