Si hay algo que este Gobierno ha perfeccionado, más allá de su retórica de cambio y transformación, es la capacidad de eludir cualquier tipo de responsabilidad política. Los errores no se asumen; se gestionan comunicacionalmente. Se niegan, se justifican, se diluyen. Y cuando el escándalo se vuelve insostenible, llega la clásica fórmula: primero minimizar, luego ofrecer disculpas a regañadientes y, finalmente, sacrificar el hilo más delgado.
Pero esto no es solo una estrategia de crisis; es una forma de entender el poder. La generación que hoy gobierna actúa como si la historia comenzara con ellos. Desprecian la experiencia, relativizan la exigencia y han reducido la función pública a un ejercicio ideológico donde lo importante es la narrativa, no la gestión. Antes, la vara era otra: la renuncia de una autoridad por un error grave no era un capricho de la oposición, sino la consecuencia natural de la responsabilidad política.
Hoy, en cambio, la vara se acomoda a la conveniencia del momento. Lo vimos con el Caso Convenios, donde solo cayeron los de menor responsabilidad; mientras los verdaderos responsables siguen en sus cargos. En las polémicas dentro de La Moneda, con Miguel Crispi, o en el Ministerio del Interior con Monsalve y su asesor Juan Lagos, la rendición de cuentas ha sido más una estrategia política que una verdadera obligación. También con la casa de Allende, donde la ausencia total de probidad se redujo a un simple desliz, justificado con buenas intenciones. Y lo vemos ahora en el desorden de las finanzas públicas, donde la permanencia de la directora de presupuestos es insostenible, pero se maquilla como eufemismos técnicos que nos tiene acostumbrados.
Además de esquivar responsabilidades, este gobierno ha convertido en hábito la celebración desmedida de lo mínimo, como si fuese histórico. No importa que Chile crezca menos que la región, que la inversión caiga o que los escándalos de corrupción erosionen la confianza en las instituciones. Siempre hay un motivo para la ovación. Un punto decimal de crecimiento, un acuerdo tardío o simplemente que “no ha sido tan malo como podría haber sido” se convierten en una fiesta. La barra oficialista siempre tiene un aplauso listo, una narrativa optimista –aunque los resultados no lo sean– y, por supuesto, un enemigo al que culpar.
Cuando el presidente Boric denuncia a unos supuestos “agoreros del fracaso” o acusa a otros de “querer que a Chile le vaya mal”, no está respondiendo a la realidad, sino esquivándola. No se trata de desear el fracaso, sino de ejercer algo tan natural y deseable en una democracia madura como el accountability político a quienes gobiernan. Hay logros que pueden valorarse en su justa medida, pero no dan para celebraciones desproporcionadas. Chile no exige cortes de cabeza indiscriminados, pero sí que se responda en lo realmente importante: probidad, responsabilidad y transparencia en la gestión pública.
Pero aquí estamos, una vez más, viendo cómo la autocrítica brilla por su ausencia y la política del “aquí no ha pasado nada” sigue siendo la norma de la generación cuya escala de valores y principios “supera a la que la antecedió”. Gobernar no es solo sostenerse en el poder; implica ante todo asumir responsabilidades, enfrentar las críticas con humildad y –cuando la situación lo exige– saber dar un paso al costado antes de que el daño sea irreparable.
