AUNQUE SUENE INVEROSÍMIL, ESTA ES LA REALIDAD QUE SE VIVE EN CHILE: EL LUGAR DONDE MÁS SE COMETE EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL no son las calles ni las redes ocultas de internet, sino las propias residencias del Servicio Nacional de Protección Especializada (ex Sename). Ahí, dentro del sistema que se supone debía protegerlos, el 30% de los niños y adolescentes ha sido víctima de esta barbarie. Leyeron bien: el 30%. Y lo peor es que los casos han aumentado casi un
300% desde la pandemia.
Una tragedia. Y una vergüenza nacional.
A menos de un mes de que se conmemore en Chile el Día contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes — el 18 de mayo—, la situación es crítica. Gravísima.
Como país, no estamos a la altura.
En 2021 se creó una comisión en la Cámara de Diputados para investigar esta realidad. El resultado fue un documento con más de 30 recomendaciones dirigidas a los distintos poderes del Estado, al Ministerio Público y a la Defensoría de la Niñez. También hubo observaciones desde la Corte Interamericana.
¿Y qué pasó? Poco y nada.
Ante la inacción, un grupo de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil formaron la plataforma Actuar Es Urgente. El objetivo: organizar esas recomendaciones, monitorear su cumplimiento y exigir responsabilidades. Porque alguien tiene que hacerlo.
Con un panel de expertos independientes —como Claudine Litvak (Hogar de Cristo), Nicolás Piedrasanta (Amparo y Justicia), la jueza Mónica Jeldres y el sociólogo Edgardo Toro—, evaluaron el cumplimiento institucional.
El primer informe, publicado en el verano de 2024, fue lapidario: fallas estructurales, cero avance. El segundo, recién salido en marzo, confirma lo que ya temíamos: todo sigue igual. Ni una mejora.
Ni una.
Cuatro instituciones aparecen como las más deficientes: el Ministerio de Desarrollo Social, el Poder Judicial, el Servicio de Protección Especializada (Mejor Niñez, ex Sename) y las policías. Estas últimas, ni siquiera cuentan con protocolos especializados. El año pasado estas instituciones reaccionaron con molestia. Esta vez, ni eso. Silencio total.
Se evaluaron 38 medidas: dos leyes y 36 acciones administrativas. Resultado: apenas un 34% de cumplimiento. La calificación promedio: 2,8 sobre 7. Lo mínimo. La deuda del Estado chileno con su infancia más vulnerable es gigantesca.
¿Qué está pasando?
Descoordinación judicial: los tribunales de familia no tienen conexión con los juzgados de garantía. Así, un juez puede entregar a un niño abusado nuevamente al cuidado de su mismo agresor, simplemente porque no tiene la información de que esa persona ya fue condenada por abuso.
Los incentivos son perversos: mientras que el programa de familias de acogida recibe una subvención de $600 mil mensuales,las residencias obtienen $1.300.000. Pero las familias solo ven $90 mil por niño. En contraste, toda la evidencia apunta a que la acogida familiar -bien financiada- es la mejoralternativa. Pero en Chile no hay recursos para eso.
¿El riesgo en las residencias? Existen hogares donde entre el 50% y el 100% de las niñas ha sido víctima de explotación sexual. Y, aun así, los tribunales siguen enviando adolescentes a esos lugares, sin saber siquiera si existen alternativas de acogida familiar en la zona.
Desde la Fundación San Carlos de Maipo, parte del equipo evaluador de ActuarEs Urgente cuenta que muchos jueces ni siquiera saben que estas malas prácticas existen. Y lo más grave: no se sienten responsables de decidir a dónde van esos niños y niñas.
¿Otra perla? En una sesión de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso, se informó que hay residencias donde el 100% de las niñas ha sido explotada sexualmente dentro del sistema. O sea, algunas llegaron sin haber sido víctimas y fueron atacadas ahí.
¿Nos damos cuenta de lo que eso significa?
A eso sumemos que las condenas por este delito no superan el 5%. ¿Por qué? Porque muchas víctimas no se reconocen como tales. Porque creen que participan voluntariamente.
Porque recibir dinero y “protección” a cambio de abuso se ha normalizado. Y porque demostrar la explotación ante la justicia es increíblemente difícil.
Sabemos que, sin pruebas claras, el sistema penal chileno no condena. ¿No será hora de pensar en una legislación específica que permita perseguir de forma efectiva estos crímenes?
Si no somos capaces de proteger a los más vulnerables, entonces, uno se pregunta ¿de qué estamos hablando cuando decimos que los niños van primero?.
