El caso de un ejecutivo venezolano del Banco Santander con ocho cuentas corrientes abiertas en distintos bancos del sistema financiero devino en un impensado flanco para el Gobierno del presidente José Antonio Kast en torno al levantamiento del secreto bancario.
La Operación Tokyo —el mayor golpe que el Ministerio Público ha dado al Tren de Aragua en Chile, con 19 detenidos y flujos ilícitos estimados en más de $78 mil millones de pesos— sucedió en medio del debate en el Senado de la reforma establece un nuevo subsistema de inteligencia financiera para combatir el crimen organizado.
Dicha estructura contempla un apartado incómodo para el Ejecutivo: un artículo que consagra el levantamiento del secreto bancario bajo criterios que el Gobierno rechaza.
La oposición tomó el caso y lo convirtió en argumento para presionar en el Senado. Incluso, el mismo fiscal nacional, Ángel Valencia, se mostró a favor de la norma: “Sería más sencillo investigar estos delitos si la Fiscalía pudiera, sin autorización judicial, revisar las cuentas de cualquier persona”, dijo la máxima autoridad del Ministerio Público en referencia a esta indagatoria.
Con ese caso de telón de fondo, el Senado votó la norma que habilita a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Hacienda para requerir información a los bancos sin autorización judicial. El resultado de la votación sorprendió al Ejecutivo: un doble empate en 23 votos.
Por reglamento, el doble empate deja el asunto suspendido hasta la primera hora de la sesión ordinaria siguiente, que será el martes próximo.
La aritmética de esa votación dejó al Gobierno ante un escenario adverso. Loreto Carvajal (PPD) y Rojo Edwards (independiente en bancada RN) estaban pareados por viaje oficial. Alfonso de Urresti (PS) se retiró previo a la votación y pareó con Sergio Gaona (UDI), pero al tratarse de una norma de quórum calificado, el UDI quedó libre y votó en contra. Es decir, en caso de que hubiese estado presente el senador socialista, la norma ya estaría aprobada.
En la próxima sesión también debería hacerse presente el senador Miguel Ángel Calisto, independiente asociado a Evópoli, quien estuvo presente en la sesión, y votó otros proyectos, pero que no tomó postura en relación al secreto bancario.
Calisto pertenece al mismo movimiento Demócratas que Matías Walker, quien esa jornada votó a favor de la norma junto a la oposición. Si los cuatro senadores pendientes asisten el martes y Calisto vota en línea con su compañero de movimiento, la oposición tendría los votos suficientes para imponer su versión del levantamiento: sin control judicial, con la potestad entregada directamente al Ministerio Público.
Quiroz hace control de daños y compromete proyecto a futuro
Consultado por el debate en el Senado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que “en esta materia hemos sido enfáticos en que la investigación o apertura de cuentas debe depender siempre del Poder Judicial y no de una decisión administrativa”.
Pero luego abrió la puerta: “He iniciado un trabajo que comenzamos hace poco y del cual irán conociendo detalles más adelante, posiblemente a través de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda”.
El ministro reconoció que la propuesta aún debe ser conversada con los demás ministerios y puso una condición que no está dispuesto a mover: que el levantamiento dependa siempre de los tribunales. “Siempre con una orden judicial”, subrayó.
El argumento técnico del Ejecutivo lo desarrolló el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, también presente en la sala junto al ministro de la Segpres, José García Ruminot.
Rodríguez señaló que cada vez que la UAF ha solicitado el levantamiento del secreto bancario bajo el sistema actual, los tribunales lo han otorgado dentro del plazo legal de tres días, y añadió una segunda razón: dado que la inteligencia financiera opera en una etapa pre penal —previa a cualquier formalización—, el resguardo del derecho a la privacidad hace razonable exigir control judicial.
