Contra la intuición de muchos, el gobierno de Boric dejará un cierto legado en seguridad, al menos en lo legislativo. Llevarán su firma, entre otras, la ley Naín-Retamal, leyes contra el sicariato, las usurpaciones, los delitos económicos, delitos contra la ciberseguridad, la ley de reincidencia (que combate la “puerta giratoria”), una nueva ley antiterrorista y la creación del Ministerio de Seguridad. Además, el Congreso podría aprobar este año la modernización del Sistema de Inteligencia, para potenciar la postergada ANI; la ley de reglas de uso de la fuerza y ley de resguardo de infraestructura crítica, ambas para permitir que las FFAA protejan instalaciones civiles; una ley de seguridad municipal, la Defensoría de las Víctimas y el fortalecimiento del Ministerio Público, incluida una Fiscalía Supraterritorial.
Sin embargo, será un legado huérfano, que no será atribuido a Gabriel Boric. Primero, porque varias iniciativas son heredadas de la oposición o del segundo gobierno de Sebastián Piñera: la ley Naín-Retamal, la ley marco de ciberseguridad, la Defensoría de las Víctimas y la reforma del Sistema de Inteligencia, entre otras.
Segundo, porque la falta de coherencia ideológica mina la credibilidad del giro oficialista en seguridad. El diputado Boric se opuso a los estados de excepción para la macrozona sur, propuso refundar Carabineros, apoyó a los “presxs de la revuelta”, para luego como presidente indultar a diversos condenados con amplio prontuario. Además, respaldó un texto constitucional que debilitaba el sistema judicial, y vetó aspectos claves de la ley de usurpaciones. Durante años, con los dirigentes del movimiento estudiantil de 2011, degradó el principio de autoridad y menospreció a Carabineros, lo que generó un problema cultural más profundo que el debate sobre recursos y atribuciones para las policías.
Tercero, porque los avances normativos no se han traducido en resultados concretos, por problemas de gestión. En una década se duplicaron los homicidios por cada cien mil habitantes; y los casos con victimario desconocido subieron 63,8% en 16 años (estudio “Homicidios en Chile ¿Qué cambió?”, 2014).
En estas fechas, el año pasado, ya se contaban 12 bandas extranjeras de crimen organizado operando en el país. La seguridad es la principal preocupación de los chilenos, pero la gestión no da señales de mejora. El nuevo Ministerio de Seguridad nace debilitado: lo encabeza un académico de derecho administrativo y, en la región con más homicidios, se designó a una ex activista por los indultos a los “presxs del estallido” como Seremi.
Finalmente, el legado no tendrá herederos, al menos en la primaria de izquierda. Tohá no logró capitalizar avances; Winter y Mulet como diputados se opusieron a gran parte de la ley Naín Retamal, la ley Antiterrorista, la ley de Usurpaciones, entre otras; y la ex ministra Jara no tiene credenciales en materia de seguridad, salvo la objeción incansable de su partido a varias de estas reformas.
En resumen: el próximo gobierno podrá estrenar una institucionalidad más robusta para nuestra seguridad, pero difícilmente alguien se lo agradecerá al presidente Boric.
