Tras más de 80 meses en el Congreso, el proyecto que reforma notarías y conservadores de bienes raíces podría por fin ver la luz. Iniciado en 2018 por el presidente Piñera y el ministro Hernán Larraín, tardó un año y medio en la Cámara de Diputados, para luego dormir cinco años en el Senado. Solo diversos escándalos en nombramientos reactivaron su tramitación, y hoy está listo para votarse en el Congreso.
Durante este periodo, abundaron los escándalos: notarios muertos certificando firmas de la Lista del Pueblo; nepotismo con sueldos millonarios; aparente tráfico de influencias en el nombramiento de la hermana de un diputado oficialista, entonces presidente de la Comisión de Constitución, que se había titulado solo hace dos años; el intento del senador Ossandón por derivar el proyecto a la Comisión de Gobierno, retrasándolo aún más; notarios destituidos por suplantación de identidad; y pagos desde sindicatos del Conservador de Santiago a asesores legislativos para interceder por ellos.
Pocos chilenos tienen buenos recuerdos de sus trámites ante notarios o conservadores: precios altos, largas esperas, horarios reducidos y formalidades ficticias (“firmó ante mí”). Pese a su impopularidad, incluso la Convención Constitucional los “ignoró”. Por eso, es útil recordar qué son y qué función cumplen: notarios y conservadores son auxiliares de la administración de justicia, sirviendo como ministros de fe y administradores de registros públicos (incluyendo escrituras, propiedades, derechos de minas, aguas, sociedades, etc.). En ese rol, ciertamente cumplen labores relevantes para custodiar procesos eleccionarios y darle estabilidad al sistema de registro de la propiedad. Y aunque ejercen funciones públicas, sus cargos son privados, pero designados por el gobierno a propuesta de los tribunales.
El problema es que dicha designación finalmente concede monopolios u oligopolios abusivos, protegidos por ley, cuando no tiene límites en mercados que son imperfectos. En notarías, con escasa competencia, y en conservadores, sin ninguna competencia. Con algo así como la mitad de Chile viviendo en Santiago, el Conservador capitalino tiene un público cautivo que le permite los ingresos más altos del país. Sus más de 500 funcionarios tendrían sueldos promedio de $4,5 millones, y un poder negociador tal que una huelga puede paralizar todos los negocios inmobiliarios de la región.
Durante la tramitación de la ley, el lobby fue intenso. Aunque se avanzó en digitalización, transparencia y contención de precios, no se logró incentivar más competencia en el mercado registral y notarial. Tampoco se logró sincronizar documentos que no tiene sentido mantener distribuidos por el país, como poderes o interdicciones. Quedará para futuros intentos.
Pese al lobby feroz, y tras más de 130 urgencias legislativas, el proyecto está listo para convertirse en ley. A estar atentos, para que así ocurra.
