“Se estaba perdiendo un hospital al mes”. No lo podría haber dicho mejor Dorothy Pérez.
En una sesión especial del Senado, la contralora decidió ejemplificar de esa forma el costo para el país, para todos nosotros, del fraude llevado adelante por más de 25 mil funcionarios públicos que, sin pudor alguno, se fueron de vacaciones fuera de Chile tras pedir largas licencias médicas.
Más dramático aún es que esa cifra fácilmente se puede multiplicar varias veces, porque si hubo parásitos que tuvieron el descaro de atreverse a salir del país, evidentemente que hay muchos más que con algo más de vergüenza (o capaz que sólo con algo menos de presupuesto), no viajaron fuera de las fronteras, pero sí hicieron turismo local.
Todo esto es realmente dramático, porque el 70% del presupuesto de Fonasa se destina a costear licencias médicas y sólo el 30% para prestaciones de salud propiamente tal. En simple, cada peso destinado a los placeres de los parásitos, fue un peso menos para atender más rápido y mejor, algo totalmente escandaloso en un país en que, según cifras del propio gobierno, hay más de 2 millones y medio de personas en listas de espera o en un país que cuenta con hospitales como el Carlos Van Buren, en el que no hay anestesia para los partos y se interna a pacientes sentados en sillas por falta de camillas.
La Contraloría tiene que seguir con su fiscalización y hacerlo con todas las herramientas necesarias, de la forma más exhaustiva posible, caiga quien caiga, como le gusta tanto decir al presidente Boric. Eso no lo puede cuestionar nadie y no debe haber otra opinión.
Ahora bien, junto con eso, es urgente que no sólo pongamos la mirada y la rabia en los parásitos asiduos a las jornadas estivales financiadas con recursos públicos, sino que en las jefaturas de ellos, sean jefes de servicio, seremis, subsecretarios o ministros.
Porque es evidente y por favor no traten de hacernos creer lo contrario, que para que se configurara este enorme mecanismo de defraudación fiscal, los jefes, los supervisores, sí o sí sabían. Entonces, o se hicieron los desentendidos o son tan ineptos que no eran capaces de darse cuenta del escándalo que se fraguaba en sus propias narices. En ambos casos, no pueden seguir en sus cargos.
Y no digan que no hubo señales o banderas rojas como les gusta decir. El amigo desde la infancia del presidente Boric, Raúl Domínguez, ex jefe de División en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, desde mediados de 2023 había sido investigado por el uso de una licencia médica de forma irregular para vacacionar en Europa. Pese a eso, no sólo no fue separado de su cargo, sino que se le premió y en enero recibió un aumento de su remuneración para llegar a recibir cerca de $7,5 millones al mes.
Sólo ahora que apareció en el listado de los parásitos renunció a la Subtel.
Otro caso: Jorge Ramírez, doctor y ex director del Hospital San José, duro sólo cuatro meses en su cargo luego de denunciar a más de 600 funcionarios por presentar licencias médicas que acumulaban un promedio un ausentismo de cuatro años, llegando algunas a los 14 años. Sí, 14 años.
Como quiso desarticular el mecanismo de los parásitos, la solución fue sacarlo.
¿Caiga quien caiga? ¿En serio?
