La reforma de pensiones publicada en marzo de este año (Ley N° 21.735) agranda y le otorga un nuevo rol al Instituto de Previsión Social (IPS). No sólo se incrementa su dotación en 175 funcionarios, sino que se le asignan nuevas funciones, como la posibilidad de ser subcontratado por las AFP para tareas asociadas a la administración de cuentas previsionales. La pregunta que surge es simple, pero incómoda: ¿tiene el IPS la capacidad técnica, administrativa y de gestión para cumplir estos objetivos?
El artículo 23 del DL N° 3.500, que regula a las Administradoras de Fondos de Pensiones, establece que su objeto exclusivo es administrar fondos de pensiones y los beneficios que contempla la ley. Hoy, sin embargo, se abre la puerta para que parte de estas funciones puedan ser delegadas al IPS. En la práctica, esto implica que un organismo del Estado podría comenzar a operar en áreas donde hasta ahora sólo intervenían entidades especializadas del mundo privado, lo que exige estándares de eficiencia y control que el IPS no ha demostrado consistentemente. Un antecedente elocuente fue la implementación del pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU), instancia en la que el IPS no logró responder por sí solo, viéndose obligado a recurrir al apoyo de las AFP. La razón de fondo fue su falta de infraestructura tecnológica adecuada, lo que generó dificultades en la protección de datos, en la gestión oportuna de la información y en la capacidad de realizar pagos con la agilidad requerida.
Lo más preocupante es que este no es un caso aislado. El IPS ha estado involucrado en episodios que revelan serias deficiencias internas en control y probidad, no quedando exento del escándalo de las licencias médicas fraudulentas que se utilizaban para viajar fuera de Chile. Según el reciente informe de la Contraloría, la institución figura en el quinto lugar entre los servicios públicos con más licencias médicas potencialmente fraudulentas: 423 funcionarios del IPS habrían usado licencias para salir del país en los últimos dos años. ¿Tiene sentido ampliar la dotación de personal en un organismo que ni siquiera ha demostrado poder fiscalizarse a sí mismo?
La falta de garantías sobre la capacidad del IPS se hizo aún más evidente en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el pasado 5 de mayo. El director del Instituto, visiblemente nervioso, dio respuestas erráticas, incluyendo una preocupante confusión sobre el mecanismo de pago de la PGU a los beneficiarios de leyes de reparación. No se trata de un detalle técnico irrelevante, sino de una prestación altamente sensible, con implicancias sociales y políticas de gran envergadura, y que él, como Director del
organismo a cargo de su pago, debería manejar.
Pero eso no fue lo único en dicha sesión, dado que el contenido de la presentación que el IPS exhibió ante los diputados omitía una función clave de la reforma de pensiones: “recaudar y cobrar las cotizaciones de los empleadores establecidas en esa ley para el Seguro Social Previsional”. Aunque en las respuestas del Director no se logró aclarar la razón de la omisión, surgen dudas en cuanto a ¿Cómo confiar en la ejecución de nuevas atribuciones si ni siquiera se reflejan correctamente en las presentaciones institucionales?
Estamos frente a una situación preocupante: el Estado le quita a los privados y se asigna a sí mismo funciones críticas en materia previsional sin haber demostrado, ni en gestión ni en resultados, estar a la altura del desafío. Apostar por fortalecer un sistema de pensiones no debiera implicar debilitar los estándares de servicio, transparencia y eficiencia. Cuando una reforma se basa en aumentar el protagonismo del Estado, el mínimo exigible es que ese Estado esté preparado.
Y por ahora, el IPS no parece estar a la altura.
