Los efectos del cambio climático no son una excusa, sino una llamada urgente a la acción. Los incendios forestales y rurales en Chile se han convertido en una amenaza cíclica, devastadora y, en muchos casos, evitables.
Frente a esta realidad, el proyecto de ley que regula la prevención de incendios es una oportunidad concreta para cambiar el rumbo y enfrentar la crisis con seriedad y responsabilidad. Representa un paso indispensable hacia una nueva gestión del riesgo ambiental mediante la creación de nuevas herramientas y el fortalecimiento de las ya existentes en materia de reducción de riesgos y prevención.
Este proyecto, que actualmente está en la Comisión de Hacienda del Senado, busca fortalecer la estrategia de prevención, poniendo énfasis en la coordinación entre municipios, comunidades, propietarios y empresas forestales. Es un paso en la dirección correcta, porque reconoce que la prevención debe ser una prioridad y que la respuesta a la emergencia no puede seguir siendo solo reacción. Propone medidas concretas como cortafuegos, participación de las comunidades organizadas, nuevos planes de manejo, coordinación con SENAPRED y el sector privado, y por supuesto, apoyo a los pequeños propietarios, que muchas veces quedan al margen.
El reconocimiento de las zonas de amortiguación y de interfaz urbano-rural, que concentran el 80% de la población en solo el 5% del territorio y que representan cerca del 60% de los incendios, es fundamental. La superficie afectada por incendios en Chile se ha duplicado en la última década, y si no actuamos ahora, la situación solo empeorará. La expansión urbana en zonas rurales, la falta de regulación, así como de educación ambiental en comunidades vulnerables son problemas estructurales que requieren soluciones legislativas firmes. Además, establece sanciones más estrictas para quemas ilegales o negligentes. Esto es un avance importante, porque implica que todos los actores deben asumir su rol en la prevención, y no solo esperar a la acción del Estado.
El eje central del proyecto es la identificación de zonas de amenaza mediante un mapa elaborado por el Servicio Nacional Forestal, que también servirá para el trabajo del SENAPRED. La información es clave, pero debe traducirse en acciones concretas.
Por eso, hacemos un llamado a que este proyecto sea despachado por el Congreso lo antes posible. La temporada de incendios 2025-2026 está a la vuelta de la esquina. La prevención debe ser una prioridad, y esta nueva ley en construcción es un paso en esa dirección. No se trata solo de legislar, sino de tomar decisiones que protejan nuestro patrimonio natural y a nuestras comunidades.
La oportunidad está en nuestras manos. El país no puede seguir esperando. Es urgente hacerlo antes de iniciar el periodo de incendios forestales 2025-2026 para enfocarnos en la prevención antes de la primavera y el verano que se avecinan.
