El Plan de Reconstrucción Nacional busca hacerse cargo de más de una década de estancamiento, incorporando medidas como la reducción del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria, la limitación de los plazos de permisología y, sin embargo, ¿basta con ajustar instrumentos o es necesario cambiar la forma en que se toman las decisiones?
Hoy, el avance de los proyectos de inversión enfrenta desafíos que van más allá de los procesos administrativos. A la fragmentación institucional y los tiempos de tramitación se suman brechas en la forma en que se integran capacidades técnicas, operativas y tecnológicas a lo largo del ciclo de desarrollo de un proyecto. Esto tiene efectos visibles. Las dificultades en la ejecución de proyectos terminan impactando directamente en la inversión, que desde 2013 ha caído de 27,5% a 23,7% del PIB, mientras el crecimiento se ha mantenido en torno al 2% anual.
En ese contexto, los tiempos de desarrollo se vuelven especialmente relevantes: la evaluación de un proyecto puede tomar entre 2 y 5 años, según el Servicio de Evaluación Ambiental, e incluso más en casos complejos, lo que introduce incertidumbre y afecta la viabilidad de nuevas iniciativas.
Sin un Estado capaz de operar con información integrada y gestión en tiempo real, los avances en permisología o incentivos tributarios difícilmente se traducirán en una ejecución más ágil. La reconstrucción que el país necesita requiere cambiar la lógica de funcionamiento del sector público, pasando desde un modelo centrado en trámites a uno basado en datos, coordinación y seguimiento efectivo.
La experiencia internacional muestra que este camino es posible. Países como Reino Unido, Estonia y Uruguay han avanzado en la integración de sistemas y en el uso estratégico de la información para la gestión pública, logrando reducciones significativas en los tiempos de tramitación y mejoras concretas en la ejecución de proyectos, lo que ha fortalecido la certeza para la inversión y la eficiencia del Estado.
Para que Chile logre estos resultados, resulta clave profundizar en interoperabilidad y gestión de datos, pero también en la capacidad de articular al sector público con la industria tecnológica para llevar estas herramientas a la práctica. Esto se traduce en plataformas que conectan instituciones, sistemas de seguimiento de proyectos en tiempo real, analítica de datos para la toma de decisiones y digitalización efectiva de trámites críticos, lo que contribuye a fortalecer la capacidad institucional.
Incorporar tecnología en el diseño e implementación de políticas públicas no es un complemento, sino una condición para mejorar su calidad, priorizar mejor los recursos y asegurar una ejecución coherente. La propuesta de reconstrucción avanza en una dirección correcta, pero su impacto dependerá de que la transformación digital del Estado sea asumida como un eje estructural y no como algo accesorio.
Lo que está en juego no es solo la velocidad de la reconstrucción, sino la capacidad del país de modernizar la forma en que decide y ejecuta. Persistir en un modelo basado en procesos desconectados implica seguir acumulando retrasos, mientras que avanzar hacia una gestión apoyada en tecnología permitirá dar el salto que la institucionalidad pública requiere para recuperar dinamismo, reducir la incertidumbre y generar condiciones reales para la inversión.
