A pocos meses de las elecciones presidenciales, los comandos afinan discursos, levantan banderas y publican programas. Sin embargo, una parte sustantiva de la población sigue fuera del campo visual de quienes aspiran a gobernar: las personas con discapacidad.
Según la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE, 2022), más de 2,7 millones de personas en Chile viven con algún tipo de discapacidad. Esto representa al 17,6% de la población, una cifra que desborda cualquier categoría de “minoría” y que debería bastar para figurar en el centro de cualquier programa que se reclame democrático.
Y no solo por justicia social o imperativo ético. También por cálculo político: las personas con discapacidad y sus familias votan. Son una masa electoral significativa, organizada en redes y asociaciones que conocen sus derechos y reconocen la omisión.
Hasta ahora, ninguno de los principales candidatos presidenciales —ni Jara, ni Kast, ni Matthei— ha presentado públicamente un plan sustantivo y actualizado que se haga cargo de esta realidad. Ni en salud, ni en educación, ni en empleo, ni en participación política. Solo algunas menciones vagas o promesas heredadas de campañas anteriores. Y eso no basta.
Pero aún están a tiempo. Están a tiempo de integrar propuestas que reconozcan la discapacidad no como una nota al pie, sino como un eje estructural de las políticas públicas. Están a tiempo de hablar con las organizaciones de personas con discapacidad, de estudiar el impacto del diseño universal, de incluir medidas concretas para la inclusión laboral, la accesibilidad urbana y digital, el cuidado, la salud mental, y la autonomía legal. Están a tiempo de entender que sin propuestas claras en esta materia, sus programas siguen incompletos. Los investigadores del área estamos listos para apoyarlos.
Cuando se ignora a un 17,6% de la población, no se está hablando de gobernar para todos. Se está hablando de gobernar para algunos. Chile ya no está para eso.
