Recientemente se aprobó la Ley de Modernización de la Educación Parvularia. Con ello, el Gobierno celebra un avance en su agenda educativa y la incorporación de estándares más flexibles para centros “alternativos” que atienden a niños en zonas remotas o contextos no convencionales. Aunque las autoridades han presentado esta ley como un paso hacia una mayor calidad del sistema, lo cierto es que se posterga en 10 años el cumplimiento de los requisitos mínimos de calidad para los centros educativos. Además, su alcance es limitado: abarca apenas al 17,4% de las salas cuna y jardines infantiles del país. El resto de los problemas estructurales del nivel sigue pendiente.
Desde el año 2023 sabemos que la cobertura neta de la educación parvularia cayó entre los años 2017 y 2022 (encuesta Casen). El último informe de Caracterización de la Educación Parvularia (2024) muestra la misma realidad: entre 2019 y el 2024, se contrajo la cobertura de todos los niveles de la educación inicial, de sala cuna menor a Kínder. El caso más grave es el de pre-Kínder, donde en cinco años la cobertura disminuyó en más de 10 puntos porcentuales, de un 93,4% a un 82,1%. Este es un tema que no guarda relación con las bajas en natalidad, pues la cobertura se calcula como el porcentaje de niños que asiste al nivel respecto del total en edad de hacerlo. Existen múltiples barreras para enviar a un niño a la educación parvularia, pero la valoración que las familias otorgan al nivel sigue siendo determinante. De hecho, la encuesta Casen de 2022 mostró un alza en 5 puntos porcentuales de la proporción de niños en edad de asistir a la educación parvularia que no lo hacen porque sus apoderados no lo consideran necesario. Poco se habla de esto, y en el plano legal, más allá del proyecto de sala cuna —no exento de problemas y centrado principalmente en impulsar el empleo femenino—, no existen iniciativas orientadas a enfrentar esta situación.
Por otro lado, el sistema de educación parvularia chileno se encuentra fragmentado, generando disparidades en el aporte fiscal que recibe cada centro educativo. Los establecimientos Junji VTF reciben, en promedio, un 41,6% menos de recursos para cubrir sus costos de operación que uno de Integra, y hasta un 44,2% menos que un centro Junji de administración directa. Estos tres sostenedores atienden a la misma población objetivo: los niños dentro del 60% más vulnerable del país. La nueva ley tampoco trae avances en esta dirección.
Si lo que buscamos es realmente modernizar el ciclo educativo parvulario, es necesario enfrentar sus principales nudos críticos: la valoración por el nivel; la cobertura; y la equidad en el financiamiento, de modo que una educación de calidad sea asequible para más niños, desde el día uno. Llamar modernización a ajustes parciales es no reconocer la magnitud del problema que enfrentamos.
