El discurso del Gobierno sobre reactivar la inversión y reducir la permisología choca de frente con el contenido del proyecto de Ley de Patrimonio Cultural que se discute en el Senado. En lugar de claridad normativa y eficiencia, lo que se propone es un entramado adicional de autorizaciones, salvaguardias y competencias que amenaza con paralizar aún más el desarrollo nacional y con ello el bienestar de los chilenos.
Bajo la justificación de proteger el patrimonio cultural inmaterial e indígena, el proyecto establece nuevas medidas de salvaguardia deliberadamente amplias. Estas incluyen no solo la protección de expresiones culturales, sino también de paisajes, espacios físicos y cualquier elemento relacionado, abriendo así un espacio nuevo para el veto o la intervención burocrática en iniciativas de desarrollo en el país. La consecuencia directa será una duplicidad de regulaciones que solo aumentará la incertidumbre y los costos para quienes buscan invertir y generar empleo.
Más preocupante aún es la transferencia de poder que se hace a colectivos específicos: el proyecto faculta a ciertas comunidades para negociar reglas con el Estado, relegando a un segundo plano otros intereses igualmente legítimos del resto de la sociedad chilena. Esta lógica de negociación no solo erosiona la igualdad ante la ley sino que politiza las decisiones sobre el desarrollo, poniendo a grupos particulares por sobre el bien común y el interés nacional.
Como si fuera poco, la propuesta permite que el Servicio del Patrimonio Cultural ejerza atribuciones de ministerios y organismos públicos distintos, con el solo requisito de tener su autorización, generando mayor confusión administrativa y potenciales conflictos de competencias. Así, se multiplica el riesgo de paralizaciones y arbitrariedad, pues el margen de discrecionalidad aumenta sin mecanismos claros de coordinación institucional.
Resulta una paradoja que, al tiempo que el Gobierno impulsó una valorada reforma para facilitar permisos sectoriales, promueva otro proyecto que va en sentido contrario. El resultado, de aprobarse este articulado, será más trabas, menos inversión y mayor desconfianza ciudadana frente al Estado.
Ante esto, es importante decir que nuestro país necesita reglas claras y modernas, no más obstáculos administrativos ni definiciones imprecisas que frenen el progreso. El verdadero debate político es si queremos un Estado que crea en la ciudadanía y su capacidad de desarrollo, o uno que, por desconfianza y temor, prefiera amarrar el futuro de todos con más burocracia y menos libertad.
