El 30 de junio, el Gobierno ingresó al Senado una reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas. El 6 de octubre, la Comisión de Constitución inició el estudio de la reforma constitucional y se percibió un nivel de acuerdo que parecía inesperado; al menos, muy diferente a la forma en que se ha considerado esta materia en las últimas décadas y, especialmente, en los últimos años.
Basta recordar la tensión que significó durante el primer proceso constitucional. Por supuesto, ello se explicaba por las demandas más bien maximalistas planteadas y exigidas en ese momento, pero se trata de un asunto en debate en nuestro país por décadas.
Recordemos que el primer proyecto de reforma constitucional es de 1991, del ex-Presidente Aylwin. Fue archivado en 1997 y luego rechazado en 2000. El texto propuesto era: “El Estado velará por la adecuada protección jurídica y el desarrollo de los pueblos indígenas que integran la Nación chilena”. En el trámite mutó a: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas, los cuales integran la Nación chilena. La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y costumbres, y garantizará a sus integrantes la participación que les corresponde”.
Desde 1997, han ingresado al Congreso al menos 16 proyectos de ley sobre el tema. La gran mayoría mociones de parlamentarios de izquierda y centroizquierda, algunas de parlamentarios de centroderecha y otras de carácter transversal; además de la reforma propuesta por la ex-Presidenta Bachelet en 2007.
Más recientemente, el reconocimiento constitucional formó parte de la propuesta de Constitución rechazada en 2022 y del texto de la Comisión Experta de 2023.
Ahora, el texto propuesto por el actual Gobierno recoge en forma literal la propuesta respectiva de la Comisión de Paz y Entendimiento. La primera propuesta de sus recomendaciones.
Cabe preguntarse entonces cómo una materia que durante décadas no logró un consenso suficiente ahora parece tener perspectivas de materializarse. Cómo, en definitiva, se pasó de una alta tensión a una suerte de distensión; del conflicto al consenso.
La teoría del proceso de elaboración de las políticas públicas explica cómo surgen ciertas demandas de la sociedad y cómo el sistema político las procesa con mayor o menor éxito, cómo se abren de pronto ventanas de oportunidad que permiten satisfacer demandas ciudadanas.
Dependiendo de la distancia en el tiempo que consideremos podemos ver cómo factores de alta tensión luego se convierten en parte de las reglas básicas aceptadas por todos. Miremos, por ejemplo, las leyes laborales y sociales. Algo que a mediados del siglo XIX era una demanda de sectores radicales de izquierda, hoy es considerado un elemento básico de la protección social y laboral.
Más recientemente en Chile, tenemos el ejemplo de la reforma de pensiones. Aquella que durante más de 10 años no logró encontrar su cauce ni una propuesta de consenso, finalmente vio la luz con una fórmula donde derecha e izquierda cedieron en pos de una solución mutuamente satisfactoria (e insatisfactoria). En definitiva, cómo una modificación del sistema pasa de la alta tensión a la distensión.
El recurso de las comisiones de expertos o especiales parece ser un factor relevante. Instancias de este tipo, una suerte de apoyo auxiliar al sistema político, parece colaborar en generar espacios de diálogo, propuestas de consenso y señales de acuerdo que luego permiten al sistema político procesarlas de forma más expedita. Así lo hemos visto con las comisiones de Probidad, de Pensiones, Niñez y otras materias.
En el caso que nos ocupa, sin embargo, la Comisión de Paz y Entendimiento es la cuarta sobre esta materia desde los años 90. Es decir, un tema como este parece de tal complejidad que cuatro instancias de este tipo parecen ser el mínimo necesario.
Todavía está por verse si una reforma constitucional que reconozca a los pueblos indígenas en Chile contará con los votos de los 4/7 de los parlamentarios en ejercicio. Como se señala en el mensaje del Gobierno, solo Chile, Uruguay y Surinam son los países latinoamericanos que no reconocen a los pueblos indígenas en su Constitución. El nivel de distensión constatado en la primera sesión donde la reforma se analizó parece promisorio; señal de que aquello que una comisión elaboró durante 2 años esta vez podría no quedar en el camino. Veremos.
