La ministra vocera Camila Vallejo anda de gira moral promoviendo su campaña contra la desinformación “Aguanta, chequea y comparte”. Una consigna bonita, digna de un afiche de patio universitario o escolar, perfecta para que nadie pueda estar en contra. ¿Quién podría oponerse a que la gente piense antes de hablar, verifique antes de repetir y sea responsable con lo que difunde? El problema es que el mayor obstáculo para esa campaña no viene de trolls anónimos ni de cuentas falsas. Está dentro de La Moneda. Y tiene nombre, apellido, cargo y un largo historial de hacer exactamente lo contrario de lo que hoy exige.
Porque si hay alguien que debiera mirar ese eslogan frente al espejo antes de imprimir un lienzo más, de subir un posteo más, es justamente la ministra Vallejo. Esta semana dio un nuevo ejemplo de esa gimnasia política tan conocida: con tono acusatorio, aseguró que los líderes del Tren de Aragua ingresaron a Chile durante el segundo gobierno del Presidente Piñera. Una frase diseñada para instalar duda, culpa y responsabilidad en la vereda del frente y lejos de la propia. Lástima que omitió un pequeño detalle, porque los principales cabecillas de esa organización criminal entraron al país en 2017, durante la segunda administración de Michelle Bachelet. Había dos opciones: ignorancia o manipulación. Ninguna calza con la campaña ética que promueve.
Pero esto no es nuevo. Vallejo viene practicando el “no aguantar, no chequear, pero sí compartir” desde hace años. Ahí está su acusación contra un carabinero en Panguipulli, a quien trató públicamente como asesino, por haber actuado en el uso de sus facultades al defenderse de un malabarista callejero que se abalanzó sobre él. A Vallejo le dio lo mismo que la justicia determinara que había actuado en legítima defensa bajo ataque en plena vía pública. Nunca hubo rectificación con la misma fuerza, ni un mea culpa proporcional al daño causado.
Y cómo olvidar cuando buena parte de la izquierda —incluyendo autoridades que hoy sermonean sobre “fake news”— se lanzó a denunciar un supuesto centro de torturas en la estación Baquedano del Metro. Una imputación gravísima, repetida sin filtro, sin evidencia, sin chequeo. ¿Resultado? Nunca se acreditó nada. Ninguna autoridad policial o judicial lo confirmó. Incluso, quien echó a correr la farsa, luego reconoció que todo era un invento. Pero el rumor se transformó en verdad militante y muchos aún lo creen. Todavía están ahí sus tuits pidiendo renuncias y anunciando las penas del infierno a los “torturadores” y sus secuaces. ¿A quién pedirán ahora que “aguante y chequeé”? ¿A los ciudadanos? Partan por ustedes.
El presidente Boric tampoco puede hacerse el sorprendido. Ha compartido más de una vez publicaciones falsas o derechamente injuriosas contra opositores, muchas veces de cuentas anónimas o activistas disfrazados de fiscalizadores patrios. En vez de elevar el estándar, ha sabido subirse con entusiasmo al mismo tren que hoy pretende frenar.
Uno de los usuarios anónimos a los que el presidente le difunde su “contenido” es un funcionario de gobierno, que buena parte del día —incluido horario laboral— se dedica a producir decenas de posteos políticos, gráficas torcidas y ataques personales, incluso a periodistas. Esta semana, esa persona, tuvo que pedir disculpas por vincular al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, con el creador de la fundación ProCultura, Alberto Larraín, y difundir una imagen -que reconoció sabía que estaba modificada- para simular una inexistente relación entre ambos.
Y no es sólo el presidente, varios dirigentes oficialistas, parlamentarios y autoridades han replicado su contenido, y de varias otras cuentas más que actúan bajo capucha, como si fuera información verificada. Así, se alimentan entre ellos en un circuito cerrado de propaganda digital que luego pretenden corregir con talleres de alfabetización informativa dirigidos a la ciudadanía. Predican transparencia y rigor, pero se comportan como activistas.
Aunque es evidente que el empuje que le está dando el gobierno tiene directa relación con la denuncia contra usuarios anónimos que apoyan a José Antonio Kast y que también suelen publicar hostilidades contra sus opositores, la campaña “Aguanta, chequea y comparte” no es mala en sí misma. Ojalá todos evaluáramos lo que difundimos, especialmente en tiempos crispados y cargados de suspicacia. Pero mientras La Moneda siga actuando como si la verdad fuera sólo un arma que se usa cuando conviene, esa campaña no es más que un acto de ironía involuntaria.
La desinformación es peligrosa. Destruye confianzas, intoxica el debate y degrada la vida democrática. Pero sería bueno que la ministra Vallejo y el gobierno entiendan que combatirla no se hace con eslóganes, sino con ejemplo. Y ese ejemplo debe empezar por casa. Si de verdad aspiran a elevar el estándar del debate, a que la discusión pública sea honesta y que Chile deje atrás el matonaje digital, entonces partan por ustedes mismos.
Porque sí, es positivo buscar un intercambio de ideas responsable, sin trampas ni noticias falsas. Pero si esta campaña pretende tener alguna credibilidad, el primer paso no está en los ciudadanos, ni en los medios, ni en las redes sociales. Está en la ministra Vallejo y en La Moneda. Aguanten, chequeen y después compartan. Pero háganlo ustedes primero.
