El proyecto de ley de reajuste del sector público para el año 2026 tiene un rasgo que conviene reconocer desde el inicio: confirma, sin ambigüedades, lo que ya se había advertido durante la tramitación de la Ley de Presupuestos. No existen recursos suficientes para financiarlo. Ni para el reajuste propiamente tal, ni para los múltiples temas misceláneos que el Ejecutivo decidió incorporar en el mismo texto.
Del propio Informe Financiero del proyecto se desprende un mayor gasto del orden de US$1.050 millones que no cuenta con financiamiento efectivo. No se trata de una diferencia menor ni de un tecnicismo contable, sino de un forado fiscal de magnitud, que deberá ser cubierto mediante reasignaciones futuras y esfuerzos de la próxima administración. En simple: este gobierno promete, el siguiente paga.
Nada de esto debiera sorprender. El actual Ejecutivo nos tiene bastante acostumbrados a reconocer, con posterioridad, estrechez severa e ingresos sobreestimados, que han derivado en un margen fiscal prácticamente inexistente. Presentar ahora un proyecto de reajuste que ignora deliberadamente ese diagnóstico no es una omisión inocente, sino un acto de irresponsabilidad política y fiscal. La regla básica de cualquier política pública —consistente en contar con financiamiento real para su implementación— parece haberse transformado en una opción y no en una obligación.
Proyecciones de crecimiento que no se cumplen, estimaciones de recaudación que se ajustan a la baja, una y otra vez, y compromisos de gasto que descansan más en el voluntarismo que en la evidencia forman parte del sello de esta administración. El resultado está a la vista: una situación fiscal deteriorada, erosionada por malas decisiones y cálculos optimistas, que hoy simplemente no permite financiar iniciativas de esta envergadura. Pretender lo contrario no es audacia; es irresponsabilidad.
Pero el problema del proyecto no se agota en su precariedad financiera. En paralelo, el Gobierno parece utilizar el reajuste como instrumento para amarrar políticamente al aparato público. Bajo la lógica de la “estabilidad” y la “certeza laboral”, se introducen modificaciones destinadas a blindar a funcionarios contratados durante esta administración, rigidizando artificialmente la conformación de los equipos del próximo gobierno.
Se trata de una maniobra tan evidente como impropia. Alterar las reglas del empleo público, limitando la capacidad de gestión de la futura autoridad, constituye una forma burda de condicionar al gobierno entrante. No es una política de fortalecimiento institucional, sino un intento por dejar amarrado el Estado antes de abandonar La Moneda. Cambios de esta magnitud no pueden imponerse sin una discusión técnica y transversal. Hacerlo rompe confianzas básicas y tensiona innecesariamente el funcionamiento del aparato estatal.
Como si todo lo anterior fuera poco, el proyecto incurre en otro vicio ya conocido: su carácter abiertamente misceláneo. Aprovechando la tramitación rápida que tradicionalmente tienen las leyes de reajuste, el Ejecutivo intenta legislar sobre materias tan sensibles como la ampliación del giro de empresas públicas. Introducir este tipo de modificaciones estructurales en el contexto de una discusión salarial no solo es inadecuado, sino derechamente riesgoso. Cambios de esta naturaleza requieren análisis profundo, evaluación de impactos, debate legislativo serio y participación de expertos. Nada de eso es posible en una tramitación acelerada, presionada por plazos y negociaciones gremiales. Utilizar el reajuste como un verdadero “caballo de Troya” legislativo es una mala práctica que debiera ser erradicada, no normalizada.
En definitiva, este proyecto de ley resume varios de los problemas que han marcado permanentemente la gestión fiscal de este gobierno: promesas sin respaldo financiero, errores persistentes de cálculo, utilización política de la institucionalidad y un desprecio preocupante por las buenas prácticas legislativas. Reajustar sin pagar, amarrar sin discutir y legislar sin analizar parece ser su cuestionable método. El problema es que, como siempre, la cuenta no la paga quien firma el proyecto, sino quien hereda sus consecuencias.
