Con el anuncio del gabinete, el debate sobre el próximo gobierno busca instalarse en torno a una alarma recurrente desde la lógica opositora: los conflictos de interés. Cada designación con trayectoria en el sector privado es leída bajo la sospecha de captura o favoritismos encubiertos. Ese encuadre tiende a homologar trayectoria previa con inhabilidad pública.
Que un presidente electo nombre autoridades con experiencia en el sector que corresponde a la coalición que lo llevó al poder no solo es esperable: es legítimo. La alternancia democrática implica precisamente eso. La pregunta relevante no es si existen vínculos previos, sino cómo se administran esos vínculos una vez asumida la responsabilidad pública.
Los eventuales conflictos de interés no inhabilitan por sí mismos. Lo que define la idoneidad de una autoridad no es la ausencia de historia profesional, sino la capacidad de gestionar con transparencia las tensiones que esa historia puede generar. Gestionar conflictos de interés no es una consigna abstracta. Supone, al menos, tres estándares concretos: declaraciones públicas exhaustivas de vínculos, participaciones societarias, asesorías y representaciones previas; mecanismos claros de inhabilitación cuando una decisión específica afecte directamente esos intereses; y sistemas de control que permitan verificar que las decisiones que se adopten dentro de los marcos establecidos.
Vetar a quienes tuvieron carreras exitosas en el sector privado simplemente por haberlas tenido empobrece la función pública al privarla de experiencia técnica valiosa. Termina instalando una lógica perversa: solo pueden ejercer autoridad quienes nunca han tomado decisiones relevantes en el ámbito que deben regular. La inexperiencia no es una garantía moral. La transparencia institucional sí.
Además, asumir que toda autoridad con trayectoria privada actuará necesariamente en favor de sus antiguos intereses reduce la conducta humana a un determinismo simplista. La historia de la gestión pública muestra múltiples casos en que ex ejecutivos regularon con dureza los sectores que conocían, precisamente porque ese conocimiento les permitía identificar con mayor claridad las falencias del sistema.
El mayor riesgo para el próximo gobierno no está en nombrar autoridades con experiencia sectorial, sino en no gestionar adecuadamente los eventuales conflictos que esa experiencia puede generar. Si desde el primer día no se establecen protocolos claros, inhabilitaciones visibles y mecanismos de rendición de cuentas, no se cuestionará solo una decisión puntual: se instalará un marco interpretativo que contaminará toda la gestión. El encuadre es conocido y corrosivo: el gobierno que gobierna para sus amigos.
Ese framing se evita con hechos, no con discursos. Demostrando desde el primer día que el mandato ciudadano está por sobre cualquier lealtad previa.
El sistema político chileno no puede convertir la inexperiencia en requisito para ejercer cargos públicos. Lo que sí debe exigir es que quienes lleguen al Estado administren sus eventuales conflictos con criterios claros, públicos y verificables. Ese es el único camino para que la expertise no se confunda con captura y para que la desconfianza estructural hacia la política no termine convirtiendo cada nombramiento en una sospecha anticipada.
