En políticas públicas, cuatro años no son un paréntesis, si no se aprovechan bien, pueden parecer una eternidad. Sin un foco claro en lo realmente importante, ese tiempo se diluye en reformas que no se hicieron, inversiones que no llegaron, empleos que no se crearon y una informalidad que, lejos de retroceder, terminó consolidándose como un rasgo estructural de nuestra economía. Chile está cerrando un período legislativo completo y la pregunta es inevitable: ¿qué se hizo en ese tiempo?
La respuesta es incómoda. En lugar de aprovechar un ciclo político para modernizar el Estado, corregir rigideces regulatorias, incentivar la inversión y promover el crecimiento, el Gobierno optó por impulsar una agenda legislativa orientada, en muchos casos, en la dirección contraria. Como si el problema de Chile hubiera sido, precisamente, crecer demasiado.
Durante estos cuatro años, a partir de iniciativas promovidas por el Ejecutivo, el Congreso discutió largamente proyectos de ley que aumentaban costos, elevaban cargas, rigidizaban mercados y profundizaron desconfianzas. Todo ello bajo la premisa del oficialismo de que el crecimiento era una preocupación secundaria. El resultado está a la vista: estancamiento económico, menor inversión, deterioro del mercado laboral y una informalidad que ya no es la excepción, sino la norma para cientos de miles de trabajadores.
Paradójicamente, se prometió dignidad, pero se terminó legislando mayor precariedad. Porque no hay dignidad posible sin empleo formal; no hay derechos sociales sostenibles sin crecimiento; y no hay política pública que funcione cuando la base que la financia se achica o simplemente se esconde en la informalidad.
El gobierno del presidente Boric tuvo su oportunidad. Contó con una mayoría política inicial para haber impulsado una agenda pro crecimiento con sentido social; para haber avanzado en una modernización profunda del sistema tributario, enfocada en la simplificación y la certeza jurídica; para impulsar una reforma laboral que incentivara efectivamente la formalización; o para realizar una revisión seria del entramado regulatorio que hoy desalienta la inversión, especialmente de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, optó por otro camino. Y, aunque un período legislativo escasamente aprovechado no es una buena noticia para el país, al menos ya terminó. Y con ello surge una nueva oportunidad que Chile no puede desaprovechar: la de pensar un proyecto país que no esté diseñado para la próxima elección, sino para los próximos veinte o treinta años.
Eso exige algo poco popular en política, pero indispensable: visión de largo plazo. Significa volver a poner el crecimiento en el centro, no como un fin ideológico, sino como una condición habilitante.
Chile necesita una agenda legislativa que promueva la inversión, fomente la creación de empleo formal y recupere la confianza. Cuatro años ya no se aprovecharon. Persistir en el error sería imperdonable. El próximo ciclo legislativo no puede darse el lujo de repetir la experiencia. Porque los países que renuncian al crecimiento terminan abdicando, tarde o temprano, a todos sus demás sueños.
