Hay cifras que hablan. Y hay cifras que se usan para hablar. En la política económica de este gobierno, lamentablemente, hemos visto más de lo segundo que de lo primero. Hace pocos días se publicó el cierre del ejercicio presupuestario 2025. Un hito técnico, poco glamoroso, pero fundamental para evaluar la seriedad con que un Estado administra los recursos de todos. El resultado no fue precisamente motivo de celebración: el déficit fiscal terminó siendo mayor al esperado, explicado principalmente por un nuevo error de sobreestimación de los ingresos y por un nivel de gasto más alto que el proyectado. Nada demasiado sorprendente, por cierto, si se considera que la sobreestimación de ingresos se ha transformado en una suerte de tradición no declarada de esta administración.
Sin embargo, el mismo día en que se conocía este resultado, el gobierno celebraba en redes sociales que la deuda pública no había aumentado por primera vez en casi veinte años, cerrando en un 41,7% del PIB. Aplausos digitales, gráficas coloridas y mensajes triunfalistas incluidos. El problema no es el dato en sí, sino la forma en que se presenta: como un logro aislado, desconectado del contexto fiscal y económico general. Porque una deuda que “no crece” no necesariamente refleja una política fiscal virtuosa. Puede ser, simplemente, el resultado de un menor dinamismo económico, de ajustes contables o de postergaciones que no resuelven los problemas de fondo. Celebrar ese número, mientras se reconoce un déficit mayor al comprometido, es como felicitarse por no haber aumentado el saldo de la tarjeta de crédito, aun cuando el sueldo fue menor al esperado y los gastos mayores a lo presupuestado.
Lo cierto es que, tras cuatro años de gestión, este gobierno no logró entender qué tipo de políticas se requerían para fomentar la inversión, el ahorro y el crecimiento. No puso el énfasis en la recuperación del empleo; por el contrario, impulsó reformas que encarecieron aún más la contratación formal, justo en un momento en que el mercado laboral necesitaba flexibilidad y señales claras de confianza. Tampoco fue capaz de entregar cálculos y cifras consistentes en el tiempo, que dieran certeza a los agentes económicos y permitieran planificar con algún grado de racionalidad.
La consecuencia de todo esto no es solo un crecimiento mediocre o un mercado laboral rezagado. Es, sobre todo, una erosión de la credibilidad. Y en economía, la credibilidad es un activo escaso y difícil de reconstruir. Durante años, Chile se distinguió por su seriedad fiscal, por reglas claras y por una institucionalidad que hacía predecibles las decisiones públicas. Esa reputación fue clave para atraer inversión y sostener el desarrollo. Hoy, en cambio, vemos cifras que se celebran selectivamente y proyecciones que se corrigen demasiado tarde.
Al gobierno que viene le tocará una tarea difícil pero ineludible: recuperar esas confianzas. Eso implica volver a políticas que fomenten efectivamente la inversión, el ahorro y el empleo, pero también algo más básico y urgente: comunicar con transparencia, sin maquillaje ni triunfalismos de corto plazo. Las cifras económicas no están para ganar likes en redes sociales. Están para constatar una realidad, aun cuando no sea cómoda ni conveniente.
