En los últimos días, el debate sobre financiamiento en educación superior ha vuelto a tensionarse. Por un lado, se han conocido antecedentes de uso indebido de beneficios asociados a la gratuidad; por otro, se han anunciado medidas para reactivar el cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado que hoy cuentan con ingresos elevados. Ambos casos han reabierto preguntas sobre sostenibilidad, fiscalización y uso de recursos públicos.
Sin embargo, mirar estos fenómenos únicamente desde el cumplimiento de normas o desde el costo fiscal es quedarse en la superficie. Lo que estos casos revelan, con mayor profundidad, es la complejidad de un sistema donde las decisiones educativas están atravesadas por múltiples variables —económicas, institucionales y personales— que no siempre son comprendidas a cabalidad por quienes deben enfrentarlas.
Elegir qué estudiar sigue siendo una de las decisiones más relevantes en la vida de una persona. Pero en Chile, esa decisión muchas veces se toma en contextos de alta incertidumbre, con información fragmentada y sin espacios suficientes de acompañamiento. A ello se suma un sistema de financiamiento que combina gratuidad, becas y créditos, con reglas, requisitos y consecuencias que no siempre resultan evidentes para los estudiantes y sus familias.
Algo similar ocurre en el ámbito del financiamiento vía crédito. Durante años, la falta de mecanismos efectivos de cobro permitió la acumulación de deudas impagas, incluso en casos donde existía capacidad de pago. Más allá de las responsabilidades individuales, estos antecedentes vuelven a poner en evidencia la necesidad de contar con sistemas claros, coherentes y bien comunicados, que alineen adecuadamente derechos y obligaciones.
En este contexto, la orientación vocacional adquiere un rol central. No como un complemento, sino como una herramienta estructural para mejorar la calidad de las decisiones. Contar con información clara, comprender las implicancias de cada alternativa formativa y proyectar trayectorias posibles no solo impacta en la experiencia individual de los estudiantes, sino también en el uso más eficiente de los recursos disponibles.
Desde nuestra experiencia acompañando a jóvenes en distintas regiones del país, hemos visto que cuando las decisiones se toman con información y apoyo adecuados, las trayectorias tienden a ser más estables, más pertinentes y con mayor sentido. Esto no elimina la incertidumbre, pero sí permite gestionarla de mejor manera.
Avanzar hacia un sistema de educación superior más equitativo y sostenible requiere, sin duda, seguir perfeccionando los mecanismos de financiamiento. Pero también exige fortalecer las condiciones en que esas decisiones se toman. Porque no se trata solo de quién accede a un beneficio, sino de cómo se construyen los caminos que llevan a ese acceso.
En ese sentido, invertir en orientación no es un gasto accesorio. Es una condición habilitante para que las políticas públicas cumplan su propósito: ampliar oportunidades, sin generar distorsiones en el proceso de elegir.
