Durante los últimos seis o siete años, de la mano de la irrelevancia de la centroizquierda y el predominio del Frente Amplio y el PC, ha surgido una especie política singularmente fascinante en el ecosistema chileno: la izquierda que destruye y luego, contemplando las ruinas que ella misma fabricó, tiene la desvergüenza olímpica de reclamar que la reconstrucción no avanza lo suficientemente rápido, o que se está haciendo mal.
No es ironía. Es el estado actual de la política nacional.
Repasemos los hechos con la frialdad que merecen. Entre fines de 2019 y comienzos de 2026, Chile vivió uno de los experimentos de demolición económica más metódicos y costosos de su historia reciente. Primero llegaron los retiros de fondos previsionales -impulsados con el entusiasmo mesiánico de quienes carecen de experiencia en gestión- que inyectaron cerca de 50 mil millones de dólares al sistema, licuaron el ahorro previsional de millones de chilenos, dispararon la inflación y dejaron al mercado de capitales local con la columna vertebral fracturada. Eso no fue un accidente. Fue una decisión política, aplaudida, celebrada, tuiteada con orgullo por los mismos que hoy se presentan como defensores de los que menos tienen.
Luego vino el gobierno de Gabriel Boric. Con la energía característica de quienes confunden los deseos con los planes, la administración 2022-2026 elevó el gasto público a niveles que la realidad fiscal simplemente no podía sostener. El déficit estructural se disparó. La inversión privada -ese animal nervioso que huye al primer ruido fuerte- comenzó a migrar con discreción, pero con determinación. Las clasificadoras de riesgo enviaron señales que en un país serio habrían generado autocrítica; aquí generaron acusaciones de “conspiración de los poderes fácticos” o de “cherry picking”. La recaudación no acompañó el frenesí del gasto porque las empresas no invierten en los países donde se les trata como enemigas de clase, ni menos en los que no se respetan plazos ni reglas mutua y previamente acordadas.
El resultado está a la vista. Las finanzas públicas llegaron a 2026 con el aire cortado. La deuda pública creció. La economía creció menos de lo que necesitaba. El empleo formal se resintió. Y la confianza empresarial -que es, en términos concretos, la disposición de alguien a arriesgar su capital creando trabajo en un país- quedó en niveles propios de una nación tercermundista.
Ese es el legado. Ese es el terreno sobre el cual José Antonio Kast recibió el gobierno.
Ahora bien. Lo razonable, lo mínimamente honesto para una izquierda con capacidad de autocrítica, sería al menos abstenerse de obstaculizar las medidas correctivas mientras el nuevo gobierno intenta desfibrilar una economía que ellos mismos llevaron a la mesa de urgencias. No se pide que aplaudan. Se pide que no sigan prendiendo fuego mientras otros intentan apagar el incendio.
Pero no. La izquierda chilena -al menos la que tiene voz parlamentaria y mediática- ha decidido que su aporte a este momento histórico será exactamente el mismo manual de siempre: la retórica de ricos contra pobres y la oposición sistemática a cualquier medida que implique hacer más competitiva la economía o aliviar la carga sobre la inversión privada. Todo esto, liderado por los alumnos más tontos de la clase, que llenan las redes sociales con mensajes carentes de toda lógica pero colmados de histeria.
El caso de la reducción del impuesto corporativo es paradigmático. No se trata de un regalo a los “ricos”, como repite con fatigante monotonía el discurso de la izquierda criolla. Se trata de una señal al mercado de capitales de que Chile quiere volver a ser un destino atractivo para la inversión. Cuando el impuesto a las empresas es más alto que en los países con los que competimos por capital, el resultado no es más justicia distributiva: es menos inversión, menos empleo formal, menos base tributaria y, paradójicamente, menos recaudación. Esto no es ideología liberal; es aritmética. Pero la izquierda prefiere la liturgia al cálculo honesto.
Y mientras tanto, siguen empujando más gasto público. Más programas. Más transferencias. Más Estado. ¿Todo financiado con qué, exactamente, en un contexto de finanzas fiscales que respiran con dificultad? Nadie lo explica con claridad. Porque en el mundo de la izquierda chilena contemporánea, el presupuesto del Estado es una abstracción moral, no una restricción real. Los recursos siempre aparecen si se tiene la voluntad política. Que esa lógica ya probó ser catastrófica entre 2022 y 2026 es un detalle que se omite con desparpajo.
Lo más grave no es la irresponsabilidad en sí. Lo más grave es la impunidad intelectual con que se ejerce. Nadie en la izquierda ha dado una explicación seria, un mea culpa articulado, un análisis honesto de por qué sus políticas produjeron los resultados que produjeron. En cambio, hay una máquina de relato que trabaja horas extra reescribiendo la historia: los retiros fueron “necesarios por la pandemia”, el déficit fue “inversión social”, la fuga de capitales fue “propaganda empresarial”, y el gobierno de Boric fue “boicoteado por la derecha y los poderes fácticos”.
Chile merece mejor oposición. No porque la derecha sea infalible -evidentemente no lo es-, sino porque una democracia funciona mejor cuando quienes no gobiernan ofrecen crítica sustantiva, alternativas reales y, ocasionalmente, la generosidad política de apoyar lo que es correcto, aunque no venga del bando propio.
La izquierda chilena, hoy, no está haciendo ninguna de esas cosas. Está haciendo lo que siempre hace cuando pierde el poder: inflamar, obstruir y esperar que el electorado olvide que fueron ellos mismos los que incendiaron la casa y ahora reclaman porque los bomberos no están haciendo lo que ellos quieren para apagarla.
