En los últimos días, se ha comentado mucho respecto a los hechos de violencia en las escuelas de nuestro país. Desde graves incidentes como el sucedido en Calama hasta la realización de falsos llamados de alarma, diversos eventos han llamado la atención de la sociedad. Y esto no ha quedado solo a nivel de alerta, sino que ha generado respuestas por parte de la clase política. Se ha propuesto, por un lado, métodos reactivos como el endurecimiento de las sanciones en el caso de hechos que afecten a miembros de comunidades escolares; y por otro lado, acciones denominadas preventivas, como lo descrito en el proyecto “Escuelas protegidas” que propone la revisión de mochilas y la implementación de detectores de metales en las escuelas para evitar el ingreso de objetos peligrosos.
Pero, ¿es esa realmente una solución atingente al problema? Primero que nada, habría que definir cuál es el problema en sí. El problema no es el ingreso de objetos peligrosos, sino la intención que pueda tener un estudiante u otro miembro de la comunidad educativa de agredir a otros. Claramente no nos encontramos frente a una dificultad fácil de sobrellevar, pero si no se analiza el fondo del problema, las soluciones propuestas no van a terminar siendo nada más que “parches”, que finalmente pueden ser vistos por los estudiantes como una nueva forma de ataque, donde todas y todos nos convertimos en sospechosos; donde, en vez de ser miembros de una comunidad educativa, nos transformamos en potenciales enemigos.
A nivel internacional, lo que ha dado resultado a modo de prevención no ha sido la instalación de medidas represivas, sino más bien la implementación de programas orientados a mejorar las habilidades emocionales, las funciones ejecutivas y la resolución de conflictos. También se ha propuesto la importancia de contar con programas de detección temprana de dificultades a nivel de salud mental y el trabajo directo con las familias.
Países como Finlandia y Noruega, que han logrado la disminución progresiva de hechos de violencia en las escuelas, han implementado algunas ideas generales: fuerte inversión en convivencia escolar, altos niveles de apoyo psicosocial en las escuelas, e inversión en detección y tratamiento de problemas de salud mental. Por el contrario, investigaciones internacionales indican que la opción por la instalación de detectores de metales en las escuelas no necesariamente ha logrado reducir los comportamientos violentos entre los estudiantes, sino que incluso se ha encontrado que podría afectar negativamente su percepción de seguridad.
Entonces, quizá en vez de invertir recursos en medidas preventivas represivas deberíamos invertirlos en medidas preventivas psicoeducativas. En contextos formativos, como lo son las escuelas, la educación y el apoyo siempre deben primar por sobre la desconfianza y el castigo. Estamos frente a un problema complejo, que requiere de soluciones multidimensionales donde el foco siempre sea el bienestar integral de nuestros niños y niñas.
