Se repite con frecuencia que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es una advertencia sensata, casi una obviedad. Pero como ocurre con muchas verdades convertidas en eslogan, su reiteración acrítica ha terminado por ocultar un riesgo igual de grave: que quien vive atrapado en su historia termina imposibilitado de avanzar. Chile parece, por momentos, instalado en esa trampa. No en el olvido —que sería irresponsable—, sino en una relación patológica con su pasado, que transforma la memoria en un ancla y no en una brújula.
Un primer ejemplo: nuestro vínculo con la fuerza pública. Las heridas en materia de derechos humanos del régimen militar derivaron, durante años, en una deslegitimación progresiva de la acción de Carabineros de Chile. No se trató solo de una crítica —necesaria en cualquier democracia—, sino de la validación cultural de su descrédito: desde consignas que banalizaban su rol hasta la impugnación del monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza. El resultado fue predecible. Cuando ese principio se erosiona, no emerge una sociedad más libre, sino una más vulnerable. El punto de inflexión fue el estallido, y su expresión más brutal, el asesinato de carabineros en Cañete. La historia, mal procesada, no nos protegió: nos debilitó.
El segundo caso es la lectura del orden constitucional. Durante años se instaló la idea de que la Constitución vigente era, en esencia, la expresión inalterada de la dictadura, portadora de un modelo de egoísmo y “chorreo”. Esa narrativa ignoró deliberadamente los procesos de reforma que modificaron sustantivamente su fisonomía, así como su sustrato personalista, que —bien entendido— nunca fue incompatible con un rol activo del Estado al servicio de la persona. Ignoró también y convirtió en tabú sus logros como marco que permitió el crecimiento económico y social del país tras el retorno a la democracia. La crítica, nuevamente, no es el problema. El problema es la simplificación. Porque cuando se caricaturiza el marco institucional, no se lo transforma: se lo deslegitima. Y cuando se deslegitima sin comprender, se abre la puerta a soluciones refundacionales que, lejos de corregir, arriesgan destruir.
El tercer ejemplo es más silencioso, pero no menos decisivo: la crisis de autoridad en el ámbito educativo. Hoy, cada intento por recuperar la autoridad en el aula —por restituir la mediación institucional frente al conflicto y limitar la violencia— es rápidamente leído como un intento de reprimir la protesta estudiantil. }
Se invoca, otra vez, la historia: el rol del movimiento estudiantil en los siglos XX y XXI, su capacidad de interpelación, su lugar en la vida democrática. Todo eso es cierto. Pero convertir esa historia en un dogma es profundamente irresponsable. Porque la sacralización del pasado impide ver el presente. Y el presente muestra algo distinto: la instrumentalización política del aula, la erosión del vínculo pedagógico y la normalización de la violencia como forma de expresión. Una escuela sin autoridad no es más democrática; es simplemente más frágil. Cuando la autoridad desaparece, no emerge la libertad: emerge la ley del más fuerte.
Hay, en estos tres casos, un patrón común. La memoria, en lugar de ser un insumo para el juicio, se transforma en un sustituto del pensamiento. Se invoca para cerrar discusiones, no para abrirlas. Una sociedad madura no es aquella que olvida su historia, pero tampoco aquella que queda prisionera de ella.
En Chile hace demasiado tiempo, por no querer olvidar de dónde venimos, no nos atrevemos a admitir ni tampoco a decidir, hacia dónde queremos ir.
