En su primera cadena nacional para instalar su mensaje en torno al proyecto de Reconstrucción Nacional, el presidente Kast cometió un error estratégico al decir que: “Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen”. Y luego respondió la objeción con datos.
Ese momento resume el problema. Porque al nombrar el argumento de la oposición y responder con datos no se gana una disputa de sentido común. Lo que hace es activar la misma idea que buscaba desactivar.
La encuesta Criteria muestra por qué. El 64% de los chilenos dice que el crecimiento debe ser la primera prioridad del país. Pero cuando se les pregunta cómo lograrlo, el 72% responde que hay que subir los impuestos a las grandes empresas. Al mismo tiempo, el 60% cree que el crecimiento mejora la calidad del empleo y el 53% que mejora los sueldos.
El problema es simple: la ciudadanía no asocia directamente la rebaja de impuestos con más empleo ni con mejores salarios. Por eso la salida no es comunicacional. Es de diseño.
El propio gobierno mostró que entiende esa lógica. Junto con la rebaja del impuesto corporativo al 23%, presentó un crédito tributario por remuneraciones para empresas que paguen sueldos a trabajadores vulnerables. Esa segunda medida sí construye un puente visible entre beneficio tributario y bienestar laboral. El problema es que está separada de la rebaja corporativa.
Ahí está la debilidad del proyecto. Nada impide que el Congreso apruebe el crédito por remuneraciones y rechace la rebaja del impuesto corporativo. La oposición tiene esa tijera disponible, y el gobierno se la entregó.
Si la rebaja al impuesto corporativo estuviera condicionada a resultados laborales concretos —alzas salariales reales, nuevos puestos de trabajo o participación en utilidades— esa separación desaparecería. El beneficio tributario y el bienestar del trabajador serían la misma discusión, no dos medidas distintas dentro de un mismo paquete. Un gobierno que de verdad cree que esta medida mejora sueldos y empleo no debería pedirle a la ciudadanía que confíe en la cadena causal. Debería diseñarla de modo que esa conexión sea verificable.
Y además resolvería el problema político de fondo. Si el beneficio empresarial depende de mejoras laborales concretas, el sujeto visible de la medida deja de ser la empresa y pasa a ser el trabajador. La objeción de que se trata de un proyecto “para los que más tienen” pierde fuerza no porque haya sido mejor refutada, sino porque deja de describir el diseño real de la política.
El sentido común no se derrota con evidencia. Se reemplaza con una idea que haga más sentido que la anterior. Si el gobierno insiste en defender una rebaja general a las empresas con mejores argumentos, no va a cambiar el debate. A la oposición le bastará con nombrarlo.
