Las cifras oficiales muestran un aumento sostenido de las denuncias de violencia y de conflictos escolares en los últimos años. Sin embargo, estos datos deben leerse con cautela: no solo reflejan más episodios, sino también una mayor visibilización, institucionalización del problema y disposición a denunciar.
Reducir este fenómeno a un problema de control y castigo desconoce su carácter estructural y formativo.
En este contexto, resulta especialmente relevante que, desde el 1 de abril de 2026, entró en vigencia la nueva Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que propone un giro significativo: abordar la violencia desde la prevención, la formación y la construcción de comunidad.
La pregunta es entonces inevitable: ¿por qué, teniendo un marco normativo que avanza en esa dirección, las respuestas del actual gobierno parecen ir en sentido contrario?
Hoy se observa una preocupante disonancia. Mientras el país cuenta con una política educativa reciente que promueve un enfoque pedagógico, preventivo y centrado en el bienestar socioemocional, el actual gobierno ha orientado sus respuestas públicas en sentido contrario, privilegiando medidas de control, sanción y exclusión. Se configura así una tensión entre lo que la política educativa establece y la forma en que se está enfrentando el problema en la práctica.
Sin embargo, la evidencia es clara: las estrategias más efectivas para abordar la violencia son aquellas que generan oportunidades para enseñar y aprender a partir de los propios hechos de violencia, y que sitúan en el centro la reparación de los vínculos dañados dentro de la comunidad educativa.
Esta violencia que emerge en las escuelas no es ajena a la sociedad. Las escuelas son receptoras cotidianas de tensiones sociales más amplias y, precisamente por ello, pueden transformarse en espacios privilegiados para comprenderlas, detenerlas y actuar frente a ellas desde el cuidado, el diálogo democrático y la construcción colectiva de alternativas de solución.
Pero esto no ocurre de manera espontánea ni por imposición. Requiere una intencionalidad pedagógica clara. Supone formar y acompañar a docentes y equipos directivos con herramientas que les permitan ampliar su campo de acción más allá de la respuesta inmediata que activan los reglamentos internos o los mecanismos legales. Implica, sobre todo, abrir espacios para que las comunidades elaboren lo vivido, reconstruyan confianzas y participen activamente en la construcción de la convivencia. Y esto requiere tiempo: tiempo educativo, tiempo para procesar y reparar.
En este escenario, la pregunta clave es: ¿qué hace la escuela después de que ocurren hechos de violencia? ¿Se limita a aplicar medidas disciplinarias o asume su rol formativo en la reconstrucción del tejido comunitario?
Sabemos que las escuelas más seguras no son las más controladas, sino aquellas en las que existe un sentido de pertenencia, confianza, reflexión y compromiso colectivo. Escuelas que entienden la convivencia como un aprendizaje fundamental para la vida democrática. La evidencia investigativa, tanto a nivel nacional como internacional, es robusta y consistente en este punto.
Por ello, persistir en respuestas centradas en el castigo no solo resulta insuficiente, sino que también puede debilitar el horizonte que la propia política educativa busca construir.
La seguridad no puede lograrse excluyendo la formación: sin comunidad, sin reparación y sin aprendizaje, cualquier política será apenas un parche frente a un problema que es, en esencia, educativo y social. Es necesario ahondar en qué hace la escuela antes y después de los hechos de violencia, desde su sentido fundamental: formar comunidades que convivan de manera pacífica y democrática .
