A fines de 2019, Chile entra en una crisis por todos conocida. Las manifestaciones se expanden con rapidez, el descontento se vuelve masivo y el orden público se tensiona al límite. El gobierno en ejercicio responde endureciendo el control: mayor presencia policial, estados de excepción y medidas de seguridad.
En ese contexto, la administración es acusada de haber vulnerado gravemente la Constitución y el honor del país, al permitir que fuerzas policiales y militares incurrieran en violaciones sistemáticas de derechos humanos durante las protestas. Consecuente con lo anterior, en noviembre de ese mismo año se presentó una primera acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera que buscaba poner fin anticipado a su segundo mandato.
Muchas fueron las voces que respaldaron esta tesis, contribuyendo a fijar una lectura que atribuía responsabilidad directa al gobierno y cuestionaba su legitimidad. Entre ellas, la del entonces diputado Gabriel Boric, quien durante su candidatura lo expresó sin matices: “Sepan que a quienes sean responsables (de violaciones a los derechos humanos) los vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley. Así que, señor Piñera, está avisado”.
Años después, en 2022, el mismo Boric asume la presidencia y, a poco andar, intenta instalar la idea de haber “estabilizado al país”. La ausencia de grandes protestas durante su gobierno se presenta como prueba de su capacidad de gobernabilidad: escuchar el malestar social, incorporar demandas y canalizar los conflictos por vías institucionales. Una lectura, por decirlo menos, condescendiente, que no dialoga con el desenlace electoral de su mandato, pero fija un marco interpretativo.
Como era previsible, asumido José Antonio Kast los hechos de violencia eclosionaron: colegios amenazados, episodios graves en espacios educativos, una ministra retenida en una universidad, disturbios en las calles, declaraciones que insuflan el ambiente. El mensaje es simple: mientras la izquierda gobierna el conflicto parece contenerse; cuando llega la derecha, la agitación reaparece.
Llama la atención que la arremetida ocurra en condiciones sociales muy distintas a 2019. Hay un trauma reciente y, sobre todo, una fuerte demanda por orden que dificulta que la violencia o el caos encuentren una justificación masiva. Basta mirar las encuestas: la prioridad es otra. No parece haber espacio para un nuevo estallido. Entonces, ¿para qué insistir en esa lógica?
Primero, porque ya hubo suficiente ambigüedad —y réditos— como para que valga la pena correr nuevamente el riesgo. Mucho ha cambiado, pero el ciclo político es el mismo. Segundo, porque permite atribuir al gobierno la causa primaria de la violencia y, a partir de ello, construir un relato de abuso, abandono y desprotección que sirva como base para una futura reivindicación política. Y tercero, porque al tensionar el escenario, se generan las condiciones para que ocurran hechos que luego pueden ser utilizados políticamente.
Lo que se observa es una dinámica que busca forzar la respuesta del gobierno y empujarlo a endurecer su acción. Y en ese contexto — como ocurre en escenarios de violencia— surgirán hechos confusos, lesiones, errores. No por un diseño deliberado, sino porque los riesgos existen. Es ahí donde se buscará fijar la responsabilidad. Habrá material para denunciar autoritarismo, abusos o vulneraciones de derechos y, con ello, confirmar la profecía que se quiere instalar, la misma que en 2019: la derecha no tiene legitimidad para gobernar.
Así, la historia no se repite, pero rima: no se trata de encender un estallido, sino de forzar una secuencia que termine cuestionando al gobierno desde otro ángulo. Hay que cuidarse.
