Para la izquierda chilena, una reducción de la tasa de impuesto corporativa constituye, esencialmente, un beneficio concentrado en “los ricos”. Nada más lejos de la realidad. Desde una perspectiva estrictamente económica, esta afirmación omite varios elementos centrales: la posición relativa de Chile en materia de tributación a las utilidades respecto de la OCDE, los efectos de equilibrio general sobre inversión y empleo, y la evidencia acumulada con respecto al impacto que las sucesivas reformas tributarias han tenido sobre el crecimiento potencial del país.
Discutir la tasa de impuesto corporativa aisladamente (que es lo que se hace), sin considerar estos canales, conduce lamentablemente a diagnósticos parciales y a políticas que, en la práctica, terminan deteriorando el bienestar de amplios segmentos de la población.
Chile tiene, en la actualidad, una tasa de impuesto corporativo que se ubica por sobre el promedio de las economías de la OCDE, tanto en términos nominales como efectivos una vez consideradas las restricciones a la integración y los cambios en la depreciación y tratamiento de pérdidas. Esta diferencia no es meramente contable: en un entorno donde el capital es altamente móvil, el diferencial de carga tributaria se convierte en los hechos en un componente relevante del costo de oportunidad de invertir en Chile versus hacerlo en otras partes. A lo anterior se suma la complejidad del sistema: múltiples regímenes y normas antielusión amplias con una alta discrecionalidad interpretativa que incrementan los costos de cumplimiento y elevan la diferencia fiscal efectiva más allá de lo que refleja la tasa vigente. La combinación de una mayor tasa impositiva con una complejidad regulatoria reduce la competitividad tributaria de Chile y actúa en los hechos como un desincentivo a la inversión privada, en particular en proyectos intensivos en capital y de horizonte largo.
En la última década se implementaron en el país varias reformas tributarias que se diseñaron bajo el supuesto de que era posible incrementar de manera significativa la recaudación sin afectar de forma relevante el crecimiento. La evidencia ex post muestra que el aumento de la recaudación fue bastante
más acotado que lo proyectado inicialmente, a la vez que el clima para la inversión se deterioró, lo que puede verse en menores tasas de formación bruta de capital y sucesivos recortes en las estimaciones de crecimiento. Es decir, el supuesto bajo el que se estructuraron las reformas tributarias no se cumplió: no solo no se recaudó más, sino que las reformas tributarias no fueron neutras en materia de crecimiento. En particular, la incertidumbre regulatoria asociada a cambios frecuentes en las reglas del juego derivó en una menor disposición a ejecutar proyectos de inversión.
Lamentablemente, o quizás a propósito, la discusión política tiende a equiparar la carga del impuesto corporativo con los propietarios del capital, pero la evidencia empírica muestra un cuadro bastante más matizado. En economías abiertas, parte relevante de la carga del impuesto corporativo puede trasladarse hacia trabajadores, vía salarios más bajos o menor creación de empleo, y hacia consumidores, vía mayores precios, dependiendo de elasticidades relativas de la oferta y la demanda. Si Chile mantiene una tasa corporativa por sobre la de sus pares, con movilidad del capital y productividades comparables, una fracción de dicho impuesto termina traduciéndose en menores salarios reales y menor dinamismo del mercado laboral, afectando de manera desproporcionada a la clase media y a los hogares de menores ingresos. Paradójicamente, un diseño tributario que se presenta como “progresivo” en la retórica puede resultar regresivo en sus efectos finales, al deteriorar las condiciones de empleo e ingreso de los grupos más vulnerables a la desaceleración económica.
El elefante en la cristalería es que la capacidad del Estado para financiar políticas sociales depende menos de la tasa puntual aplicada que del tamaño y dinamismo de dicha base imponible a lo largo del tiempo. Un esquema tributario que desalienta la inversión y reduce el crecimiento potencial termina achicando la base tributaria futura y de esta manera limitando la recaudación y restringiendo el espacio fiscal para sostener derechos sociales de manera creíble. La discusión relevante no es si bajar la tasa corporativa “beneficia a los ricos”, sino si la estructura impositiva vigente maximiza o deteriora la capacidad de la economía para generar ingresos, empleo y recaudación en el mediano plazo. Un enfoque de política
fiscal responsable tiene que ponderar explícitamente el trade-off entre tasas altas y crecimiento, incorporando estimaciones de elasticidad de la inversión y de la base imponible a cambios en la tributación, algo que ciertamente no se ha hecho anteriormente.
Tenemos que avanzar hacia un sistema que combine tasas competitivas en comparación internacional, reglas simples y estables y una estrategia robusta de ampliación de la base tributaria, reduciendo la evasión y la elusión. Todo esto implica revisar el mix entre impuestos directos e indirectos, fortalecer la calidad y eficiencia del gasto público y considerar mecanismos que incentiven la reinversión de utilidades, la formalización y la innovación, particularmente en pymes y sectores intensivos en empleo.
Por todo esto, una reducción calibrada de la tasa corporativa, acompañada de una simplificación normativa y de mejoras en la institucionalidad fiscal no debiera interpretarse como una concesión a grupos de altos ingresos, sino como una política orientada a recomponer el crecimiento potencial, expandir la base imponible y, por esa vía, mejorar la capacidad del Estado para cumplir su mandato social.
