Este año, la educación escolar tocó fondo. Una inspectora fue asesinada en Calama y, en las semanas siguientes, más de 60 colegios suspendieron clases por hechos de violencia y amenazas. Sería una frivolidad relativizar esto como un “fenómeno global”: estamos frente a una crisis que compromete el futuro del país.
Se han discutido medidas de corto plazo, como torniquetes o revisión de mochilas, pero el problema es más profundo. Durante años se debilitó la autoridad en las salas de clase y se desdibujaron los límites. La buena noticia es que ese vacío, por fin, empieza a enfrentarse.
La semana pasada avanzaron en el Congreso dos proyectos relevantes. Primero, el de “Escuelas Protegidas”, que entrega respaldo legal a los profesores para aplicar medidas disciplinarias y correctivas. Reconoce, además, que conductas como amenazas o interrupciones violentas afectan gravemente la convivencia escolar. En la misma línea, se aprobó sancionar con la pérdida de gratuidad universitaria a quienes sean condenados por delitos graves contra personas o la propiedad.
Segundo, el Senado dio un paso para terminar con la tómbola en el sistema de admisión escolar. Se busca que, al menos en parte, los establecimientos puedan seleccionar alumnos conforme a sus proyectos educativos y trayectorias. Esto devuelve a las comunidades educativas una herramienta básica para ordenar sus procesos y construir identidad institucional.
A ello se suma una señal relevante del Ejecutivo: retomar el cobro del CAE, especialmente a quienes tienen ingresos altos. Solo en abril, la recaudación habría superado los $8.400 millones. No es un dato menor. Supone reinstalar una regla básica: los compromisos se cumplen.
Más allá de cada medida, hay un hilo común: reponer la autoridad, reforzar la responsabilidad individual y reconocer la autonomía de los proyectos educativos. Tres pilares que por demasiado tiempo fueron debilitados.
Porque educar no es solo transmitir contenidos. Es formar personas capaces de vivir en sociedad, lo que exige normas claras y consecuencias frente a su incumplimiento. Sin autoridad en la sala, no hay aprendizaje posible. Sin responsabilidad, no hay comunidad que funcione. Y sin libertad para educar, no hay diversidad ni verdadera calidad.
Estas decisiones van en esa dirección. Permiten avanzar hacia comunidades donde se respeta a los profesores y los estudiantes entienden que sus actos tienen consecuencias. También abren espacio para un mejor uso de los recursos públicos. A modo de ejemplo, la ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que lo recaudado en solo dos días por deudas del CAE permitiría financiar, por un año, un subsidio especial para colegios de reingreso, orientados a que estudiantes que han abandonado el sistema completen su escolaridad.
Quedan desafíos pendientes. Es necesario reforzar el rol de los padres, no solo como titulares de un derecho, sino como primeros responsables de la educación de sus hijos. También urge abordar con mayor profundidad la salud mental, la violencia digital y el bullying.
Pero, tras años de inercia, este mes marca un punto de inflexión. Cuando un sistema pierde el orden, lo primero es recuperarlo. Y en educación, eso implica volver a poner límites. Sin eso, cualquier reforma será insuficiente.
