Si existiera un manual para construir un autoritarismo, probablemente recomendaría aprovechar los miedos de la población para recortar libertades. Algo de eso ocurre con quienes promueven el levantamiento administrativo y sin contrapesos del secreto bancario. Según la última encuesta Plaza Pública Cadem, un 74% cree que, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, el Estado debe poder acceder más rápido a información bancaria sospechosa.
El problema es que el debate ha sido tergiversado. Se ha instalado la idea de que la discusión consiste en permitir o no el levantamiento del secreto bancario. Así titularon algunos medios el día de la votación en el Senado: “senadores que votaron a favor y en contra del levantamiento del secreto bancario” (Biobio Chile); “Senado rechaza levantamiento del secreto bancario” (Ciper); o “Senado rechaza proyecto de levantamiento del secreto bancario” (CNN).
Pero esos medios omiten que en Chile el secreto bancario sí puede levantarse desde 1986. También se omite que, desde 2009, el Servicio de Impuestos Internos puede pedir judicialmente su alzamiento para fiscalizar obligaciones tributarias. Y que, entre 2007 y 2025, la Unidad de Análisis Financiero solicitó
64 veces a los tribunales levantar el secreto bancario, obteniéndolo en el 100% de los casos.
Por tanto, la verdadera discusión no es si el secreto bancario puede levantarse, pues ya se puede. La discusión es si, por primera vez, organismos administrativos como el SII o la UAF podrán acceder a información bancaria sin autorización judicial previa. Aquí está el punto de fondo. Aprobar esta
fórmula implica permitir que el Estado afecte derechos fundamentales sin control previo de un juez. En nuestro ordenamiento, cuando un órgano público quiere adoptar medidas especialmente invasivas —como ingresar a una propiedad, interceptar comunicaciones o acceder a información sensible — se exige, por regla general, autorización judicial. Esta exigencia no es una traba burocrática: es una garantía mínima frente al poder estatal.
Rechazar el levantamiento administrativo del secreto bancario es prudente en una sociedad libre que reconoce el derecho a la privacidad. Y ese derecho atraviesa un momento crítico. Basta ver cómo se exponen niños y adolescentes en redes sociales; cómo se filtran conversaciones privadas incorporadas a
causas judiciales; o cómo se han difundido imágenes íntimas de autoridades respecto de lo que hacen en sus hogares. Además, vivimos una era en que ciertas autoridades persecutoras buscan imprudentemente capitalizar titulares a partir de información parcial o sesgada, sin asumir responsabilidad alguna por sus dichos. Basta recordar las imputaciones que la fiscal Chong formuló contra Carabineros durante el estallido social.
La privacidad fue un avance civilizatorio. Expresa el derecho de toda persona a conservar una esfera propia, protegida de la mirada permanente del poder, la prensa, los adversarios políticos o terceros malintencionados. Ya en el siglo III a.C., Epicuro destacaba las ventajas de una vida privada, alejada de las
turbulencias del mundo público.
Por eso, resulta peligrosa la frase “el que nada hace, nada teme”. Una cartola bancaria puede revelar mucho más que movimientos de dinero: los lugares que una persona frecuenta, sus rutinas, los colegios de sus hijos, cuándo está dentro o fuera del país o de su ciudad, el día en que recibe su sueldo o si tiene
recursos que puedan convertirla en objeto de robos, extorsiones o secuestros.
Y ese riesgo aumenta con la inteligencia artificial, que permitirá cruzar e interpretar grandes volúmenes de datos con creciente precisión. En tiempos en que desconocemos cuánto ha permeado el crimen organizado algunas estructuras públicas, la pregunta no es si queremos perseguir con más eficacia
el narcotráfico. Todos queremos hacerlo. La pregunta es si aceptamos que información tan sensible circule por el Estado sin control judicial previo.
La periodista Anne Applebaum, ganadora del premio Pulitzer, en “Autocracia S.A. Los dictadores que quieren gobernar el mundo”, advierte que regímenes como Rusia, Irán, Venezuela, Zimbabwe o China han usado investigaciones financieras para perseguir a sus opositores, intimidar a partidarios y
presionar a sus familias. La información económica, en manos de un poder sin límites suficientes, puede transformarse en una herramienta de control político.
Ningún legislador se ha opuesto a agilizar los tiempos del levantamiento judicial del secreto bancario. Nadie defiende que sea una muralla infranqueable frente a delitos graves. La verdadera pregunta es por qué algunos insisten en remover al juez como garantía previa frente a la intrusión del Estado en nuestras cuentas.
En un siglo en que la información es poder, quienes creemos en una sociedad libre debemos defender la privacidad, lo que no implica defender la impunidad. Hacerlo, es recordar que, incluso en nombre de buenas causas, el Estado siempre debe tener límites.
