El juego de suma cero con el que se tendido a analizar los procedimientos reglamentarios usados en la Comisión de Hacienda de la Cámara, en el Proyecto de Ley de Reconstrucción, no es tal. La ganancia de uno no es la pérdida del otro lado; creemos que ambos han perdido.
Las 1.603 indicaciones presentadas para dilatar el proyecto, usando el reglamento, explican la respuesta del Gobierno, con indicaciones sustitutivas dentro del mismo reglamento. Pero no se puede obviar que el resultado es un desgaste general al respeto a las reglas, al espíritu del legislador y al proceso deliberativo entre colegisladores.
Lo notable es que cada movimiento es individualmente racional. Como en el Dilema de los Prisioneros, los actores están decidiendo desde la maximización de sus intereses: el problema es que la suma de decisiones racionales produce un escenario que no le sirve a nadie, entre la parálisis y la improvisación. Un resultado que da menos que cero.
Las soluciones subóptimas, como en ese mismo Dilema, se modifican con el aprendizaje iterado. Pero ese aprendizaje requiere algo más que el respeto formal a las reglas —requiere también respetar su espíritu. El obstruccionismo y su respuesta natural caben dentro del reglamento, pero no son la forma en que el proceso legislativo está pensado para operar. Mientras esa distinción se siga pasando por alto, el resultado seguirá siendo legislación apurada, acuerdos reversibles y reformas que durarán lo que dure la mayoría que las dictó.
Cuando eso ocurre de forma sistemática, conviene mirar menos a los jugadores y más al juego. Y allí la explicación tiene que ver con las barreras de entrada al sistema político, ya que nunca ha habido tantos partidos con tan pocos adherentes. La fragmentación crece, la adhesión cae. Esto ha acortado los horizontes electorales y reforzado los incentivos a la diferenciación por sobre el acuerdo, modificando la manera de hacer política: antes la trayectoria política se construía dentro de la institucionalidad; hoy, cada vez más, se construye en su contra. Obstruir o forzar al límite no tiene costo reputacional, tiene rentabilidad política, y la voluntad no alcanzará.
Proyectos tan grandes como la reforma de pensiones de Boric o, eventualmente, la ley de reconstrucción de Kast, seguirán debatiéndose con incentivos de corto alcance entre mayorías transitorias, en lugar de los de largo plazo que su escala exige.
La conversación pendiente, antes que apelar a los actores, son las condiciones de entrada al sistema que están produciendo estos incentivos.
