Hay proposiciones que parecen complicadas hasta que se enuncian con precisión. Esta es una de ellas: quien destruye lo que es de todos no tiene derecho a recibir de todos lo que no puede conseguir solo.
En su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para crear el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, que contempla la pérdida de beneficios sociales para quienes dañen bienes públicos o atenten contra funcionarios. Quienes figuren en él podrían perder la gratuidad en la educación, la Pensión Garantizada Universal o el subsidio de arriendo.
La reacción de la izquierda no se hizo esperar, y fue predecible en su estructura. Se habló de criminalización de la protesta, de castigo a los más vulnerables, de Estado punitivo. El argumento es viejo y se ha desgastado de tanto uso, pero conserva su utilidad retórica porque desplaza el debate desde lo concreto hacia lo abstracto, desde el bus quemado hacia la metáfora infinita y demagógica del joven excluido.
Conviene, sin embargo, insistir en lo concreto. Los recursos del Estado son y serán finitos, no hay vuelta que darle. Cada peso que se gasta en reponer una estación de metro destruida, un bus incendiado, un edificio, un colegio o un hospital vandalizado es un peso que no llega a la lista de espera de un hospital, a la alimentación escolar de un niño vulnerable, al subsidio habitacional de una familia que lleva años ahorrando. El vandalismo no es un gesto político inocuo que el Estado absorbe sin consecuencias, es una transferencia forzada, un subsidio desde los más necesitados hacia quienes eligen la destrucción como forma de expresión, es decir, a los vándalos.
La izquierda chilena, en particular el Frente Amplio y el Partido Comunista, tiene una larga y documentada tradición de mirar hacia otro lado ante esta realidad. Validaron el infame “El que baila pasa” como liturgia social. Guardaron silencio ante las usurpaciones de terrenos. Encontraron siempre una explicación estructural para las molotov y una condena tibia, cuando la hubo, para quien lo lanzó. Esa complicidad ideológica tiene un costo que no pagaron ellos, lo pagaron los vecinos del barrio quemado, los pasajeros del bus, los estudiantes del liceo emblemático convertido en campo de batalla.
La propuesta del Gobierno tiene complejidades técnicas que habrá que resolver con rigor, como las garantías del debido proceso, proporcionalidad de las sanciones, mecanismos de rehabilitación. El propio Kast reconoció que todos tienen derecho a rehabilitarse, pero que tiene que ser con hechos concretos. Ese matiz importa y debe quedar en la ley.
Pero el principio es correcto, y es un principio de izquierda genuina: los beneficios sociales existen para quienes los necesitan y respetan el bien común que los hace posibles. Defenderlos de quienes los reciben con una mano y los destruyen con la otra no es punitivismo. Es justicia elemental.
