El título de esta columna está pintado para hacer una extensa radiografía al escenario político actual, pero la verdad es que para analizar un caso de violencia sexual. Lamentablemente, no hace falta entrar en detalles, no por la necesaria protección a la víctima, sino porque el caso se difundió ampliamente en TV, redes sociales y otros medios de comunicación, afectando a una senadora en ejercicio.
En mi columna sobre la violencia de género en línea, publicada en este mismo espacio el mes pasado, tocábamos el caso de Camila Flores cuando recién se estaba ventilando, a propósito de los mensajes difundidos en redes por su exmarido, dando detalles íntimos y sexuales de la parlamentaria, y en esa oportunidad expuse mi desazón y poca esperanza de ver una luz al final del túnel frente a este fenómeno.
En escasas semanas mis peores temores se vieron confirmados, con fotos y videos íntimos de la persona en cuestión desperdigados sin ninguna consideración, censura o pudor.
Literalmente, una política al desnudo.
Pero basta. Podemos tener diferencias con ella, por su apoyo irrestricto a ideas más conservadoras o su postura contraria a los derechos de las mujeres, pero lo que nunca podemos aceptar es que sea agredida de esa forma. Insisto, nada justifica su difusión haya sido el exmarido o un cercano, por despecho o por una malentendida solidaridad masculina.
Acá solo hay una curiosidad morbosa, que justo se cruza con la política, prodigando una generosa palada de tierra y estiércol a nuestra alicaída actividad legislativa criolla. Lo que lo diferencia es el límite que se cruzó, porque después de esto no hay vuelta atrás ni techo que le ponga freno a casos similares en el futuro.
Quienes hemos sido víctimas de violencia no podemos ser indiferentes frente al caso.
Como señalamos antes, cuando se configuran escándalos familiares y/o sexuales, la que casi siempre sale perdiendo es la mujer; y si ella es, además, una figura pública, el daño se multiplica por infinito, porque su imagen, su desnudez, su intimidad se viraliza como reguero de pólvora, siendo fuente de comentarios, memes, denostación pública. No hay dobles lecturas.
Curiosamente, la legisladora se opuso en su minuto al proyecto elaborado, en su mayoría por especialistas feministas y que luego se convirtió en la Ley 21.675, que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres debido a su género, donde se tipifica la violencia digital, quizá la única herramienta jurídica que posee ella y sus abogados para poder condenar la difusión indebida de sus imágenes.
Sin embargo, no estamos acá para relucir paradojas políticas o enrostrar lo que su convicción u orden de partido le dijo que hiciera, sino para emplazar al Ministerio Público y los tribunales para que se atrevan a investigar y sancionar al responsable o responsables de este delito, ojalá con una condena ejemplificadora e igual de pública que las fotos causantes de todo este “mal rollo”, ahora que el caso ya se judicializó.
Mientras, sigamos copando espacios de debate y alzando la voz. La agresión sexual no se puede normalizar, ni como herramienta de “sextorsión” ni como venganza, menos como argumento político, porque ahí no pierden solamente las mujeres, perdemos todos cuando la discusión se envilece, la sociedad se deshumaniza y la verdad se cubre de un velo de morbosidad y desinformación.
Si dije que no había luz al final del túnel, me retracto. Hagamos la luz, busquemos la forma, porque de otro modo la degradación e ignominia seguirán siendo pan de cada día. Y seremos nosotras, solo nosotras, las únicas perjudicadas.
