Acaba de comenzar el “mayor evento que la humanidad haya visto”: el Mundial de Fútbol 2026, según lo ha descrito la inefable FIFA, que intenta promocionarlo como un símbolo de conexión y armonía global.
Es cierto que los grandes torneos deportivos, desde su creación remota en la Antigua Grecia, cumplen un papel unificador en una sociedad diversa, fomentando valores como la paz y el respeto entre las naciones competidoras. Pero también desde antaño constituyen una plataforma de soft power: un potente vehículo de comunicación para proyectar una narrativa nacional. Además, el deporte es también una industria inmensamente lucrativa y —aún en nuestra era— poco regulada. Y esta dimensión hace tentador el soslayo a las violaciones de estándares que estos mismos eventos e instituciones dicen abrazar.
En el actual panorama geopolítico, intensamente sacudido a partir de la segunda Presidencia Trump, el hecho que Estados Unidos sea uno de los tres anfitriones de este Mundial (junto a Canadá y México), y además sede de los Juegos Olímpicos 2028 (Los Ángeles), tiene naturalmente variadas repercusiones.
En particular, dadas las incursiones militares de Trump a distintos países y amenazas a otros, ha habido algunos intentos formales de boicot a nivel europeo, con el argumento de que se necesita coherencia (Rusia fue sancionada por la FIFA y el Comité Olímpico luego de la invasión a Ucrania a gran escala).
Además, en esos intentos se ha mencionado como argumentos en pro del boicot la probabilidad de que actores autoritarios utilicen el torneo como vehículo de propaganda, así como la arraigada corrupción dentro de la FIFA, que ha sido objeto de investigaciones en muchos países a través de los años.
Por supuesto, estos intentos de boicot no han surtido efecto. Y el obstáculo no sólo son los enormes intereses comprometidos (el torneo reportará 13 mil millones de dólares), sino la relación entre Trump y la FIFA. Como es sabido, luego de que Trump no recibiera el Nobel de la Paz que tanto lo obsesiona, la asociación deportiva le entregó un “Premio de la Paz”, por supuestamente “crear un mundo más seguro y unido”. Trump, por su parte retribuyó el gesto de la FIFA invitándola a formar parte de su simulacro de ONU, la llamada “Junta de Paz”, que mayormente integran gobiernos populistas y autoritarios.
Estos y otros gestos no han hacer otra cosa que alimentar a las críticas que apuntan a la politización de un organismo que se supone es políticamente neutral, ya que sus estatutos —tal como los del Comité Olímpico Internacional— enfatizan la paz y el respeto a la soberanía, principios que contrastan con las acciones de Trump en su año y medio en el poder: dos guerras contra Irán (una de pocos días en 2025, y una de varios meses este año), acciones militares en Venezuela y Nigeria, y amenaza de invasiones a Dinamarca/Groenlandia, Cuba, México —coanfitrión del Mundial— y Colombia.
Pero las críticas no acaban aquí. Hay justificada preocupación por el endurecimiento de las políticas migratorias de Trump y su aplicación respecto de los asistentes al torneo, incluyendo posibles redadas masivas del ICE. Es relevante recordar que el Estatuto 3 de la FIFA, adoptado en abril de 2016 subraya que la organización “se compromete a respetar todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente y se esforzará por promover su protección”. Este factor ha llevado hasta al expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, a afirmar que “es correcto cuestionar esta Copa Mundial” a la luz de la seguridad de los aficionados.
La FIFA ha prometido un torneo “acogedor” pero la Casa Blanca como tal no ha descartado redadas en las sedes del Mundial, y además hay cuatro participantes (Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil) cuyos aficionados se enfrentan a prohibiciones de viaje totales o parciales. Para visitantes de otros países con tickets, los largos tiempos de espera para entrevistas de visas y los costos exorbitantes de todos los ítems vinculados a la asistencia a los partidos (desde la fijación dinámica de precios de entradas hasta la especulación con el transporte público), han desestimulado la demanda de hinchas en todo el mundo. La industria hotelera, quizá, sea salvada por el sector corporativo, que a diferencia de los ciudadanos de a pie, pueden tolerar los nuevos precios.
Ahora bien, si el actual gobierno estadounidense continúa con su agresiva política exterior, es posible que las complicaciones y el malestar se hagan mucho más visibles para los Juegos Olímpicos de 2028. Por lo pronto, en los Juegos de Invierno del pasado febrero en Italia (Milán-Cortina), el COI no excluyó a los atletas estadounidenses y rechazó peticiones de excluir a Israel por la guerra de Gaza, afirmando que la Carta Olímpica no había sido incumplida, a diferencia de Rusia respecto a Ucrania.
“Como organización global, el COI debe gestionar una realidad compleja. El COI debe lidiar con el contexto político actual y los últimos acontecimientos en el mundo. La capacidad de unir a los atletas, sin importar su procedencia, es fundamental para el futuro de un deporte verdaderamente global y basado en valores, que pueda dar esperanza al mundo. El COI no puede involucrarse directamente en asuntos políticos ni en conflictos entre países, ya que estos quedan fuera de su competencia. Este es el ámbito de la política”, declararon hace un tiempo.
La pregunta entonces es: en el actual escenario geopolítico, el más convulso en 80 años ¿deben los organismos deportivos hacer algo para promover el respeto a principios esenciales de convivencia entre las naciones, reglas básicas que esos organismos han hecho propias? ¿Deben la FIFA, el COI y sus asociaciones integrantes establecer un mecanismo que pueda evaluar si los derechos que estas instituciones dicen proteger, están adecuadamente respetados?
Estas interrogantes siguen abiertas, mientras la comunidad internacional lidia con una noticia en desarrollo: el impacto global de la política exterior de Donald Trump.
