El debate actual sobre la deuda pública se centra en el límite autoimpuesto de la misma en 45% del PIB. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el techo máximo de deuda para Chile es de 55%.
Por lo mismo, tener un ancla de deuda que se ubica 10 puntos por debajo de este umbral garantiza (de acuerdo a dicho organismo) con un 95% de confianza, que, ante crisis o desastres inesperados, el país contará con un margen de maniobra fiscal sin sobrepasar el máximo teórico. Los dos informes de la Dirección de Presupuestos (Dipres) —del cuarto trimestre de 2025 y del primer trimestre de este año— son piezas clave para explicar por qué el Gobierno se ha visto forzado a proponer la autorización para emitir nueva deuda por US$6.200 millones, evidenciando un fuerte deterioro en las cuentas fiscales.
A fines de 2025, el ministro Nicolás Grau señalaba que la deuda pública bruta cerraría el año en 41,7% del PIB y que parecía “frenarse”. Sin embargo, el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre mostró que el año finalizó con un preocupante déficit fiscal estructural del 3,55% del PIB (US$13.200 millones), cifra que más que duplicaba la meta original de 1,1% fijada en la Ley de Presupuestos. Este desajuste fue consecuencia, en gran medida, de la fuerte caída de la recaudación no minera, que en los hechos fue la peor desde el año 2014. El “arrastre” negativo del cierre de 2025 impactó de lleno la planificación presupuestaria del primer trimestre de 2026. Este año comenzó con proyecciones de ingresos sobreestimadas y con gastos reales mayores a lo previsto. Dado todo lo anterior, la Dipres estimó que el déficit fiscal para 2026 rondaría el 2,7% del PIB, lejos de la meta esperada. La debilidad en los ingresos estructurales y los déficits reportados llevaron al Ejecutivo a ingresar un proyecto de ley para emitir la nueva deuda mencionada, que equivale a aproximadamente un 2% del PIB. Esta inyección llevaría el nivel de endeudamiento a 44,8% del PIB, al borde del límite ya mencionado, avivando el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas chilenas.
El Consejo Fiscal Autónomo ha advertido que superar esta ancla del 45% podría ser inevitable en los próximos años si los déficits se mantienen abultados y no son compensados por el crecimiento económico. Sin embargo, en la actualidad, el mundo económico se encuentra fuertemente dividido sobre qué pasará si el país sobrepasa dicho límite. Existen sectores económicos ortodoxos, junto con la oposición, que advierten que superar la barrera autoimpuesta del techo de la deuda erosionará la credibilidad fiscal histórica de Chile, aumentará el riesgo país y elevará aún más el pago de intereses anuales (que ya rondan los US$5.000 millones). Lo cierto y factual es que países con clasificaciones de deuda similares a la chilena mantienen deudas cercanas al 70% del PIB. Dado lo anterior, un alza transitoria sobre el 45% no generaría un colapso inminente.
El verdadero desafío es elevar el nivel de la discusión: más que enfrascarnos en un debate ideológico utilizando las cifras de forma arrojadiza, necesitamos enfocar la política económica en cómo recuperar la senda del crecimiento para estabilizar nuestras cuentas fiscales de forma realista.
