La megarreforma del Gobierno no terminará su tramitación esta semana, ocurra lo que ocurra en el Senado.
Independiente del resultado de la votación de este martes sobre la compensación a los municipios, el proyecto estrella de La Moneda deberá enfrentar una fase extra ineludible: los vetos presidenciales —cuyo número subió este lunes de dos a tres— y el examen del Tribunal Constitucional, un proceso que podría extenderse hasta la segunda semana de agosto.
El Senado tiene fijada para la tarde de este martes la votación del último artículo pendiente del proyecto de Reconstrucción Nacional que trata el mecanismo para compensar a los municipios por la merma de ingresos que provocará la exención de contribuciones a los mayores de 65 años.
Es el mismo punto que, hace dos semanas, obligó al Gobierno a pedir el aplazamiento de la votación ante el riesgo de que fuera rechazado, después de que el senador Gustavo Sanhueza (UDI) anunciara su voto en contra y de que Matías Walker (independiente, en comité Evópoli) condicionara su respaldo a garantías de financiamiento para la reconstrucción de Coquimbo.
Para asegurar los 26 votos que necesita —el quórum que exige la reforma a la Ley Orgánica de Municipalidades—, el presidente José Antonio Kast citó este lunes a las 20 horas a los cinco senadores de la UDI a La Moneda.
El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, señaló antes del encuentro que, según la información que manejaba, “no hay ninguna discrepancia para la votación de mañana por parte de los senadores de la UDI”, aludiendo al caso de Sanhueza que hasta la tarde del lunes no daba por sentado su respaldo.
En tanto, el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri (UDI), explicó que la cita buscó “afinar esos 26 votos” y que a los senadores Walker y Gahona “se les explicó” que el temporal que afectó a la Región de Coquimbo es reciente y que “para reconstrucción no va a faltar un peso”.
Walker, que semanas atrás había exigido un veto aditivo para financiar la reconstrucción de su región, moderó ese planteamiento previo a la votación asegurando que se abriría a otro método con el cual se aseguren los recursos. Sanhueza, por su parte, se había reunido la semana pasada en Chillán con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, tras lo cual adelantó que no sería obstáculo para la aprobación del artículo. “Yo espero una propuesta del Gobierno (…) Si mi voto es decisivo, aprobaré”, había dicho.
Pero incluso si el Senado despacha mañana ese artículo, la megarreforma no quedará lista para su promulgación.
En la reunión de comité político de este lunes, Kast y sus ministros resolvieron que el Ejecutivo presentará vetos contra tres normas aprobadas por el Congreso gracias a votos de oposición y de parlamentarios oficialistas descolgados.
Se trata de los artículos referentes al derecho al olvido financiero por deudas, la prohibición de cobrar intereses sobre intereses (anatocismo) y los ajustes que garantizan a las pymes el pago a 30 días.
La decisión, comunicada esta mañana a los partidos que asistieron a Palacio, amplía a tres la lista que hasta el domingo se estimaba en solo dos observaciones.
“Respecto a los vetos, Hacienda ha estado trabajando en coordinación con la Segpres y esperamos el miércoles ingresar vetos”, indicó Alvarado.
Se trata de vetos “supresivos”, cuya fuerza constitucional es alta. Si el Congreso rechaza la observación presidencial pero no logra reunir dos tercios de diputados (103 votos) y senadores (33 votos) para insistir en el texto original, la norma vetada simplemente no se convierte en ley.
El problema es el calendario. Autoridades de la Cámara advierten que será casi imposible votar esas observaciones esta misma semana y la oposición ya comenzó a jugar sus cartas para ganar tiempo.
El jefe de la bancada de diputados del PS, Raúl Leiva, exigió que se respete una pausa de 24 horas entre el despacho de la ley en el Senado y la notificación formal al Ejecutivo, y adelantó su postura: “No debiera votarse esta semana, debiera votarse la semana próxima”.
El diputado republicano Agustín Romero, que preside la Comisión de Hacienda de la Cámara, planteó una tramitación acotada pero no exprés: “Voy a tramitarlo con la rigurosidad que merece. Máximo una o dos sesiones. Quiero ver si puedo citar el miércoles y lo voto el jueves en una sesión en Santiago”.
En el escenario más favorable para el Gobierno, la Cámara recién votaría los tres vetos la segunda semana de agosto.
A ese frente se suma el Tribunal Constitucional, que mantiene en entredicho ocho de los 63 artículos de la megarreforma bajo litigio —los artículos 5°, 6°, 11°, 12°, 13°, 17°, 29° y 38°—, relacionados con concesiones de acuicultura, procedimientos de calificación ambiental (incluida la indemnización a inversionistas) y la invariabilidad tributaria para nuevas inversiones.
La Constitución permite al presidente promulgar la ley en forma parcial aun con litigio pendiente en el TC, absteniéndose transitoriamente de promulgar solo las normas impugnadas, por lo que ese frente no necesariamente frena al resto del proyecto, pero sí una de las normas contenidos en el corazón del proyecto: la invariabilidad tributaria.
Para el Gobierno, y en particular para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el atraso tiene un costo político y económico. Buena parte de las normas tributarias de la megarreforma —la rebaja del Impuesto de Primera Categoría, la reintegración tributaria y la eliminación del impuesto a la ganancia de capitales, entre otras— fueron pensadas para regir antes de octubre.
Cada semana adicional de tramitación posterga esa certeza y extiende un proceso legislativo que, tras meses de negociación, todavía no encuentra su punto final.
