La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer que detectó irregularidades en la contratación de funcionarios de Carabineros que se desempeñan como oficiales de justicia.
En este marco, se identificó que 36 abogados mantenían simultáneamente dos contratos de 22 horas semanales cada uno para realizar las mismas funciones, lo cual contraviene la normativa y jurisprudencia vigente.
Contraloría: Las irregularidades en la contratación de Carabineros
Estos hallazgos se detectaron tras una auditoría que llevó a cabo la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, luego de que revisara durante 2024 el cumplimiento de las jornadas laborales de los oficiales de justicia y de aquellos funcionarios contratados adicionalmente por resolución para desempeñar funciones transitorias mediante la modalidad conocida como CPR.
En la investigación se constató que 144 abogados trabajaban como oficiales de justicia. Por esta labor, recibieron remuneraciones que en conjunto superaron los $5.540 millones durante 2024. De ellos, 36 tenían además un segundo contrato CPR por otras 22 horas semanales, por el cual percibieron en total más de $1.944 millones.
Respecto a lo último, el organismo dio cuenta que los uniformados desarrollaban las mismas tareas en ambos contratos, a pesar de que la normativa permite una contratación adicional solo cuando se trata de funciones distintas.
Sumado a ello, durante las inspecciones la Contraloría detectó que 23 de los 36 funcionarios revisados no contaban con registros de asistencia o sistemas de control horario, lo que impidió comprobar si efectivamente cumplían las jornadas laborales por las que estaban siendo remunerados.
Actividades particulares remuneradas
La auditoría también reveló que 5 de los 36 funcionarios que mantenían ambos contratos emitieron boletas de honorarios a particulares por más de $43 millones durante 2024.
De los 144 oficiales de justicia existentes en la institución, 23 emitieron boletas de honorarios por más de $434 millones en total, llevando a cabo actividades remuneradas ajenas a Carabineros.
“Si bien contar con trabajos adicionales no constituye necesariamente una infracción, la falta de registros de asistencia impide determinar con certeza si esas actividades fueron desarrolladas fuera del horario que debían cumplir como funcionarios públicos”, enfatizaron desde el ente contralor.
Producto de lo anterior, se ordenó a Carabineros que implementen medidas de control que permitan verificar que cualquier actividad remunerada adicional se realice fuera de la jornada laboral institucional.
En el informe también se detalla que se hicieron pagos en exceso a dos funcionarios, por montos de $9.048.041 y $881.527, respectivamente.
Debido a ello, el organismo fiscalizador presentará las acciones correspondientes ante el Juzgado de Cuentas para obtener la restitución de esos recursos mediante un reparo.
