El anuncio de la ministra de Salud sobre la incorporación de todos los cánceres a la estrategia nacional de la Ley GES de aquí a 2028 es, sin duda, una buena noticia. Avanzar hacia mejores garantías de acceso resulta especialmente relevante cuando el cáncer constituye la primera causa de mortalidad en Chile. Sin embargo, su implementación exige una mirada integral y sistémica, capaz de articular a los distintos actores involucrados y de responder a la realidad actual del país.
Desde la medicina familiar creemos que la prevención debe ser el primer pilar de este abordaje. Para ello, es necesario ampliar las garantías de sospecha y prevención del cáncer, pues actualmente solo 12 de los 18 tumores incluidos en el GES garantizan la sospecha desde la primera consulta en Atención Primaria de Salud. También resulta indispensable reforzar financieramente la estrategia del Plan Nacional del Cáncer, centrada en alcanzar un plazo máximo de 28 días entre la sospecha y el diagnóstico.
La Atención Primaria de Salud es, además, la estrategia más idónea para la prevención cuaternaria, mediante valoraciones integrales y un enfoque centrado en la persona. Por eso, debemos avanzar en su capacidad diagnóstica con criterios de equidad, igualdad y pertinencia territorial. Actualmente, el 48 % de los casos recibe un diagnóstico tardío en el contexto clínico, una realidad aún más crítica en los hombres que en las mujeres.
A esto se suma la importancia de la prevención primaria mediante cambios en los estilos de vida. La inversión en estrategias institucionales dirigidas a este ámbito debiera ser ineludible. Un ejemplo sería impulsar una política de salud que incorpore sellos para advertir sobre alimentos asociados al riesgo de cáncer.
También existen aspectos del diseño del proyecto que nos preocupan. Los tumores malignos representan el 23 % del total de años de vida potencialmente perdidos (AVPP), mientras que el GES otorga actualmente cobertura al 78 % de los cánceres por tumores malignos. Aunque se trata de una política bien valorada por las personas, debemos considerar el déficit de resolutividad del nivel hospitalario, marcado por la falta de tecnología y especialistas, y su impacto en las listas de espera.
Avanzar hacia una cobertura total del cáncer requiere una estrategia sólida y progresiva de inversión pública. De lo contrario, existe el riesgo de aumentar la externalización y la compra de servicios, como se ha planteado en la estrategia actual del Gobierno. La evidencia muestra que esta práctica no resulta sostenible a largo plazo para la salud pública.
Hay otra pregunta que no podemos dejar fuera: ¿qué ocurre con aquello que dejamos de hacer? En un sistema público con escasa o nula capacidad de inversión en recursos humanos y expansión de infraestructura, y con equipos de salud fatigados por las exigencias actuales y los recortes presupuestarios, priorizar una determinada capacidad de atención médica obliga a restar atención a otros problemas de salud.
Esto preocupa especialmente en el caso de las enfermedades cardiovasculares y del sistema digestivo, que en conjunto representan el 24,5 % del total de AVPP. El riesgo es dejar desprovistas a muchas personas y aumentar el gasto de bolsillo de la población.
Por eso, hacemos un llamado al Ministerio de Salud a promover el diálogo intersectorial y favorecer que una estrategia de esta magnitud se implemente desde una mirada multidisciplinaria, especialmente ante el envejecimiento de la población. La Atención Primaria de Salud, el Colegio Médico, el Centro para la Prevención y el Control del Cáncer y otros actores relevantes deben formar parte de este proceso.
Incorporar todos los cánceres al GES puede representar un avance importante, pero debe hacerse de manera responsable, con seguridad financiera y un fortalecimiento efectivo de la salud pública. Garantizar el derecho a la salud no solo implica ampliar el acceso, sino también asegurar un diagnóstico oportuno, tratamiento y cuidados paliativos.
Como Sociedad Chilena de Medicina Familiar, estamos disponibles para participar en la construcción de estrategias que contribuyan a reducir la morbimortalidad por cáncer y mejoren, de manera sostenible, el bienestar de las personas.
