El debate sobre las plataformas de juego online en Chile parte de un equívoco: se nos cobra impuestos mientras se nos acusa de operar en la ilegalidad. No estamos en la ilegalidad: el Ministerio Público —único órgano facultado para definir qué es delito en Chile— investigó casi dos años y archivó todas las querellas: operar una plataforma online no constituye delito. El Código Penal que se invoca es de 1875 y no contempla internet. No hay un mercado ilegal, sino uno sin reglas, y eso es responsabilidad del Estado, no de quienes las pedimos.
Pagar IVA es lo que corresponde a una actividad económica lícita, y el Estado puede y debe recaudar sobre ella. Ordenemos los hechos: pedimos pagar IVA digital desde que esa obligación existió. En el Grupo Latamwin alcanzamos a presentar nuestras primeras declaraciones, que cubrían todas nuestras plataformas y fueron aceptadas por el servicio, y estábamos iniciando el proceso de pago cuando el SII de entonces nos excluyó del régimen y nos quitó la opción de pagar. La “competencia desleal” en
IVA no la creó la industria evitando impuestos: la creó el Estado impidiéndonos pagarlos. La Resolución 69 solo corrige ese error. Difícil acusarnos de no querer pagar cuando llevamos años pidiéndolo.
Pagar impuestos, sin embargo, no es lo mismo que estar regulados, y ahí se prestan las malas interpretaciones. El IVA cubre una parte de la carga fiscal, no toda: faltan los demás tributos que la ley debe definir, partiendo por el impuesto específico al juego. Y, sobre todo, ningún impuesto resuelve lo que de verdad importa: la protección frente a la ludopatía, la verificación de edad, los estándares de juego responsable y la trazabilidad contra el lavado. Eso solo lo entrega una ley.
¿Por qué ha costado tanto avanzar? Porque los incumbentes —casinos presenciales, Lotería de Concepción y, muy especialmente, Polla Chilena de Beneficencia— concentraron su lobby en una sola idea: instalar que éramos ilegales y sacarnos del mercado. Todos participamos legítimamente de esta conversación, nosotros incluidos; pero una cosa es un privado defendiendo su posición y otra distinta una empresa del propio Estado ejerciendo esa presión para frenar a su competencia. Ahí es legítimo
preguntarse si el diseño institucional es el adecuado: difícilmente se ordena un mercado cuando uno de los actores es, a la vez, parte del Estado que debe regularlo.
El Ejecutivo ya dio su señal al destrabar el IVA a través del SII. Lo que falta ya no depende del Gobierno, sino del Congreso: el proyecto está hoy en el Senado. Para equilibrar la cancha, la ley debe aplicar los impuestos generales y sumar un tributo específico al juego sobre los ingresos brutos del operador —lo que gana la casa, no lo que deposita el jugador—, emulando el estándar OCDE que ronda el 20%.
Cargas como el 37,6% que se llegó a proponer no recaudan más: empujan al usuario a la clandestinidad. Reino Unido, con tasas moderadas, canaliza sobre el 85%; Francia, con tasas altas, no llega al 30%.
Un aspecto que suele omitirse, y donde nuestra postura es más restrictiva que la de muchos críticos, es la publicidad. Este es un servicio para mayores de 18 años. La solución no es pedirle a un menor que no mire, sino sacar la publicidad de los lugares donde el menor está, quiera o no. En la vía pública, estadios y eventos familiares no debería haber publicidad: ahí no hay control de audiencias. Debería permitirse solo en canales segmentables por edad y horario adulto. Lo decimos siendo nosotros quienes hoy hacemos esa publicidad y estamos dispuestos a resignarla: no hay contradicción en pagar los mismos impuestos que cualquier empresa y, a la vez, aceptar restricciones severas como las del tabaco o el alcohol.
Mientras Chile sigue entrampado en la retórica, la región ya avanzó. Brasil, Perú y Colombia regularon con cargas moderadas bajo una premisa clara: ninguno prohibió, todos ordenaron. Confundir prohibición con protección solo beneficia a quien opera en las sombras y deja al usuario desprotegido. El Gobierno ya hizo su parte; ahora es el Senado el que debe decidir si mantiene un statu quo que solo premia al clandestino, o si dota a Chile de una regulación técnica, transparente y moderna.
