En medio del pulso por la Megarreforma de Kast, la encuesta de esta semana dejó una cifra que retrata más nuestra conciencia que nuestra economía: apenas un 39% de los chilenos acepta bajarle impuestos a las empresas, mientras un 88% teme perder su empleo.
El rechazo no es racional. Es moral.
La Cadem es la evidencia. Un 55% respalda beneficios tributarios para las empresas que crean empleo formal. Pero apenas el 39% apoya aliviarles el impuesto corporativo. Es el mismo empresariado. Lo apoyan de palabra. Se lo niegan en los hechos.
No es la inversión lo que incomoda. Es quién es el que invierte.
Sobre esa distinción se ha edificado un relato eficaz: aliviar la carga de quien arriesga capital se traduce, en automático, en “regalarles a los ricos”. No se discute la cifra, se sospecha del motivo. No se mide el efecto, se juzga la intención. Es, en los hechos, un impuesto moral que el Estado no recauda pero que todos terminan pagando.
No pretendo tapar el sol con un dedo: esa desconfianza tiene padres legítimos, y no son un invento de la izquierda. La colusión del papel dejó a miles de consumidores pagando de más durante años sin saberlo. La Polar reventó y de paso se llevó por delante una parte de los ahorros previsionales de la gente: la Corte Suprema recién, en marzo de este año, confirmó las condenas contra sus exejecutivos y ordenó indemnizar a las AFP por esas pérdidas. Las farmacias se coludieron en el precio de remedios de los que depende la vida de la gente. El propio empresariado chileno amasó con sus manos buena parte del recelo que hoy lo aplasta.
Pero de ahí a convertir la sospecha en política tributaria hay un abismo. El abuso de algunos no es la naturaleza de todos, y un impuesto que castiga a todos los empresarios por el pecado de unos pocos no repara el daño: lo multiplica.
Y el castigo llega en el peor momento. Con ocho de cada diez chilenos temiendo por su empleo, gravar más a quienes tienen mayor potencial de crear puestos de trabajo tiene algo de suicida. ¿A quién le exigiremos el empleo que falta, si primero declaramos culpable a quien podría crearlo?
Ahí está la trampa. Sacrificar el empleo de miles para sentir que se castigó a unos pocos es anteponer el gesto a la necesidad más urgente de quien menos tiene.
Hacerlo es derechamente inmoral. Y el costo de esa inmoralidad lo pagan todos los que no tienen, y no tendrán trabajo.
