Una investigación desarrollada por Corporación Humanas entre junio de 2024 y diciembre de 2025 dio cuenta de que cuatro de cada diez médicos obstetras del sistema público se acogen a la objeción de conciencia cuando se trata de interrupciones del embarazo por la causal de violación.
El análisis determinó que el 40,4% de los especialistas invoca este mecanismo en dichos casos, mientras que la cifra disminuye en las otras causales contempladas por la legislación vigente, ya que un 20% lo hace por inviabilidad fetal de carácter letal y un 13,7% por riesgo vital de la mujer. En el caso de los médicos anestesistas, los porcentajes son menores, aunque mantienen una tendencia similar.
El informe también expone importantes diferencias entre los establecimientos de salud del país. El caso más extremo corresponde al Hospital de Cauquenes, en la Región del Maule, donde los dos médicos obstetras que integran la dotación son objetores de conciencia. Esto implica que el recinto registra un 100% de objeción en las tres causales autorizadas por la ley.
Informe revela alta objeción de conciencia en hospitales públicos
Otros hospitales también presentan elevados niveles de objeción en la causal de violación. Entre ellos figuran el Hospital Sótero del Río (89,3%), el Hospital de Victoria (88,9%), el Hospital de Santa Cruz (85,7%), el Hospital Clínico Dr. Eloísa Díaz de La Florida (83,3%), el Hospital El Pino (80%), además del Hospital Regional de Talca, con un 77,3%, y el Hospital de Constitución, que alcanza un 75%.
Si bien la investigación muestra una disminución respecto de 2018, cuando el 47% de los obstetras objetaba la causal de violación, el estudio concluye que la baja todavía no representa un cambio relevante en la tendencia nacional.
El documento también advierte sobre las dificultades que enfrentan las pacientes cuando todos los especialistas disponibles en un recinto son objetores de conciencia. En esos casos, las mujeres deben ser derivadas a otros establecimientos para acceder a la prestación médica.
No obstante, el estudio sostiene que la red pública aún presenta falencias para concretar esos traslados. Al cierre de 2025, apenas el 23% de los hospitales consultados disponía de protocolos actualizados para la reasignación y derivación de pacientes, mientras que el resto resolvía estos procedimientos caso a caso.
Pese a ello, entre junio de 2024 y junio de 2025 se realizaron 1.065 interrupciones legales del embarazo bajo alguna de las tres causales y solo 15 requirieron ser derivadas a otro establecimiento.
Otro de los antecedentes destacados por la investigación dice relación con las menores de edad que accedieron a la prestación durante el período analizado. El 100% de las niñas menores de 14 años que interrumpieron su embarazo lo hicieron bajo la causal de violación, condición que la legislación presume para todos los embarazos en ese grupo etario.
En tanto, entre las adolescentes de 14 a 17 años, el 77% de los procedimientos también correspondió a embarazos producto de una violación.
Actualmente, la legislación chilena permite la interrupción voluntaria del embarazo únicamente en tres circunstancias: cuando existe riesgo vital para la mujer, cuando el feto presenta una inviabilidad de carácter letal y cuando el embarazo es consecuencia de una violación, siempre dentro de los plazos establecidos por la ley. Para esta última causal, el límite es de 12 semanas de gestación, ampliándose a 14 semanas cuando se trata de niñas menores de 14 años.
