Tengo la infinita suerte de ser padre. Creo que no hay nada igual a eso, daría todo por mis hijos, y ser papá me llena de un orgullo que no necesito explicarle a nadie. Creo en la vida y soy contrario al aborto, no creo en él como solución, pero respeto a quienes piensan distinto y defiendo la libertad de elegir.
También creo que una convicción personal, por profunda que sea, no me autoriza a fabricar sufrimiento ajeno para sentirme coherente con ella.
Por lo mismo, jamás se me ocurriría someter a una mujer a la obligación de escuchar los latidos del hijo o hija que está por nacer para recién entonces permitirle decidir. Ese tránsito de la fe privada a la crueldad legislada es exactamente lo que un grupo de parlamentarios intenta normalizar, y merece algo más que indignación de un día, merece ser entendido en su mecánica.
El proyecto, impulsado por diputados del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional, modifica el artículo 119 del Código Sanitario. Su nombre, cuidadosamente testeado para la caja de resonancia digital, ya anuncia que estamos ante marketing legislativo antes que ante derecho sanitario. En apariencia el médico sólo informa y ofrece, la mujer decide si escucha. La trampa asoma en la letra siguiente, si la mujer rechaza el ofrecimiento, el médico queda obligado a negarse a practicar el aborto. La opción se disfraza de gesto humanitario y opera como peaje, incluso en los tres únicos casos que la ley permite, riesgo vital, inviabilidad fetal, violación. Una niña violada tendría que negociar su propia decisión.
El problema de fondo, sin embargo, no es este proyecto. Es el uso cada vez más descarado del Congreso como plataforma de figuración llena de banalidad. Hay unos pocos parlamentarios que legislan pensando en la ciudadanía, y otros, cada vez más, que legislan pensando en el reel de veinte segundos, en la base que aplaude sin leer el articulado, en el diferenciarse de un gobierno afín para simular independencia. A veces la moción no busca convertirse en ley, busca incomodar al Ejecutivo de turno, cobrarle una cuenta o marcar territorio ideológico a costa de personas concretas que ni siquiera figuran en el cálculo.
Ese uso instrumental de la función legislativa tiene un nombre menos elegante que cualquier título de proyecto, se llama frivolidad, y en política la frivolidad jamás es gratuita, alguien siempre termina pagándola, generalmente quien menos poder tiene para reclamar.
Que la Comisión de Salud haya decidido no priorizarlo es un alivio menor, no una corrección. La disposición que produjo esta iniciativa no desaparece con un trámite estancado, sigue disponible, esperando la próxima causa que permita un titular fácil a costa de un dolor ajeno y sin costo político para quien lo firma.
Se puede ser provida con convicción y oponerse al aborto con firmeza sin necesitar instrumentos de tortura emocional disfrazados de información médica o seudo ciencia. Legislar no es un ejercicio de estilo ni una competencia de pureza ideológica, es un oficio que exige seriedad, en el especial cuando su ejecución se vincula con el sufrimiento ajeno. Antes de pedirle a una mujer que escuche un corazón, a nuestros parlamentarios les convendría escuchar el propio cerebro, alma o tan sólo que muestren algo de humanidad. No todo vale.
