Mientras el mundo político reabre el debate sobre la propiedad de Codelco, Estados Unidos acaba de recordarnos, sin proponérselo, por qué esa discusión merece mayor cuidado. Washington confirmó un arancel del 12,5% contra Chile por supuestas deficiencias en la erradicación del trabajo forzoso. Sin embargo, estableció una excepción reveladora: el cobre.
La razón no fue benevolencia, sino necesidad. Estados Unidos no produce suficiente cobre refinado para abastecer a su industria y Chile continúa siendo, al menos en el corto plazo, un proveedor difícil de reemplazar.
Ese dato, casi anecdótico, contiene una lección estratégica que el debate sobre Codelco ha pasado por alto. El cobre chileno no es solo un commodity, también es una de las pocas cartas de negociación con que cuenta el país frente a potencias que utilizan el comercio como instrumento de presión política. En un escenario de aranceles repentinos y disputas por minerales críticos entre Washington y Pekín, mantener el control estratégico sobre el cobre no es un capricho estatista, sino geopolítica aplicada.
Por eso preocupa que la discusión se plantee casi exclusivamente en clave contable. Es cierto que el gigante cuprífero arrastra una deuda considerable y que su gobierno corporativo requiere una revisión profunda. Pero reducir el debate a si conviene vender entre un 15% y un 25% de su propiedad para “inyectar oxígeno privado” omite una pregunta previa: ¿qué pierde Chile si diluye el control sobre una de sus escasas herramientas de influencia internacional?
Nadie debiera confundir esta advertencia con inmovilismo. Codelco enfrenta problemas reales de productividad, endeudamiento, ejecución de proyectos y politización. Fingir que todo funciona bien sería tan irresponsable como vender parte de la empresa sin ponderar su valor estratégico. Pero existe una diferencia sustantiva entre modernizar su gestión y ceder propiedad.
Y si hay una reforma impostergable, esa es limitar la influencia desproporcionada que han llegado a ejercer sus sindicatos sobre las decisiones de la empresa. Codelco no puede ser verdaderamente “de todos los chilenos” mientras determinados grupos internos dispongan, en los hechos, de capacidad para condicionar su funcionamiento, preservar privilegios o bloquear transformaciones necesarias para elevar la productividad.
Esto no supone desconocer el derecho de los trabajadores a organizarse, negociar y defender condiciones laborales justas. El problema comienza cuando la representación sindical se convierte en poder de veto o cuando los costos de acuerdos internos son soportados por millones de chilenos que no participan de sus beneficios. Una empresa estatal no debe administrarse en favor del gobierno de turno, pero tampoco quedar capturada por quienes trabajan en ella. Su dueño es Chile.
Recuperar ese principio exige mayor transparencia en las negociaciones colectivas, remuneraciones y beneficios vinculados a productividad, evaluaciones de desempeño efectivas y resguardos frente a paralizaciones capaces de comprometer un activo estratégico. La paz laboral es valiosa; pero comprarla mediante concesiones que hipotecan la sostenibilidad de la empresa no lo es.
La discusión, por tanto, no debiera agotarse en privatizar o no privatizar. Primero debe asegurarse que Codelco sea gobernada con criterios profesionales, disciplina financiera y plena conciencia de que sus recursos pertenecen al conjunto del país. Chile tiene pocas fichas para jugar en el tablero global; el cobre es la más importante, acaso la única.
Transformar Codelco en una empresa mixta, sometida a accionistas privados y presiones de corto plazo, podría debilitar precisamente la carta que hoy nos distingue. Pero conservarla íntegramente estatal sin corregir su captura política, corporativa o sindical tampoco basta. El desafío es más exigente: mantener el control estratégico y, al mismo tiempo, devolver la empresa a sus verdaderos propietarios. No al gobierno, no a sus sindicatos, sino a todos los chilenos.
