La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) endurecieron sus demandas al Gobierno ante el incremento en los precios del diésel y fijaron un plazo de 48 horas para recibir una respuesta concreta.
Ambos gremios calificaron el escenario como “crítica e insostenible” y advirtieron que se mantendrán en estado de alerta permanente.
Camioneros presionan al Gobierno por precio del diésel y exigen proyecto de ley con urgencia
Entre sus principales exigencias figura la creación de una ley que establezca el Fuel Surcharge, un recargo obligatorio que permita traspasar de manera automática las variaciones del precio del diésel a los contratos de transporte.
La propuesta contempla que el mecanismo sea vinculante, transparente y aplicable tanto a las alzas como a las bajas del combustible, además de incorporar sanciones para las empresas que desconozcan su aplicación. Al respecto, los gremios afirmaron que “rechazamos de plano cualquier fórmula voluntaria, mesa de buenas intenciones o instructivo administrativo sin fuerza ejecutiva”.
La segunda petición apunta al Presidente José Antonio Kast y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quienes solicitaron ingresar “con máxima urgencia” el proyecto de ley al Congreso y convocar a una mesa técnica con representantes del sector. Según los dirigentes, las empresas de transporte enfrentan dificultades para absorber nuevos incrementos en sus costos operacionales, especialmente las de menor tamaño.
Como tercera medida, las confederaciones exigieron restablecer el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), incluyendo la aplicación de la banda del precio de referencia y el umbral de variación para el diésel. También pidieron corregir lo que consideran una distorsión impositiva que agregaría cerca de $100 por litro al costo del combustible para determinados transportistas.
Asimismo, los gremios señalaron que la continuidad de sus operaciones depende de que el Ejecutivo entregue respuestas dentro del plazo establecido. En su declaración conjunta, advirtieron que “las bases del transporte de carga no continuarán financiando la discrecionalidad fiscal ni subsidiarán las distorsiones del mercado a costa de su propia subsistencia”, junto con llamar a sus federaciones, asociaciones y sindicatos a nivel nacional a mantenerse en alerta permanente.
