Hay gobiernos que enfrentan crisis por decisiones equivocadas y otros que terminan debilitándose cuando las tensiones internas comienzan a erosionar la confianza entre quienes deben gobernar juntos. Ese riesgo también alcanza al actual oficialismo. Aunque el gobierno del presidente José Antonio Kast descansa sobre partidos que comparten una visión más homogénea del país que otras coaliciones recientes, ello no garantiza por sí solo una buena gobernabilidad. Una coalición se consolida no solo por la coincidencia programática, sino también por la capacidad de construir lealtades políticas que permitan procesar las diferencias sin transformarlas en conflictos públicos permanentes.
Todo gobierno enfrenta discrepancias internas. Es de la naturaleza de la democracia. Lo excepcional ocurre cuando esas diferencias dejan de resolverse en las instancias de coordinación política y pasan a ventilarse públicamente, erosionando la autoridad del Ejecutivo y reduciendo su capacidad de gestión. Cuando una parte importante de la energía del gobierno se destina a administrar tensiones internas, inevitablemente disminuye la capacidad para concentrarse en resolver los problemas de los ciudadanos.
La política funciona sobre un activo invisible, pero indispensable: la confianza. Confianza entre el presidente y sus ministros; entre los ministros y sus equipos; entre el Ejecutivo y los partidos que sustentan la mayoría política. Sin ese capital, las decisiones se vuelven más lentas, los costos políticos aumentan y la incertidumbre comienza a reemplazar al liderazgo.
Las últimas semanas han mostrado señales que merecen atención. La controversia generada en torno a la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau expuso diferencias relevantes entre los partidos del oficialismo acerca de la conveniencia política de impulsar una ofensiva que terminó desplazando el foco desde la agenda gubernamental hacia un conflicto entre las propias fuerzas de gobierno. Mientras algunos sectores privilegiaban una señal de identidad política, otros advertían que esa estrategia favorecía la reunificación de la oposición y desviaba la atención de una agenda que hasta entonces el Ejecutivo había logrado conducir con éxito. Del mismo modo, distintas declaraciones públicas de dirigentes oficialistas respecto de prioridades legislativas y decisiones del gabinete han evidenciado que no siempre existe una coordinación política capaz de ordenar los incentivos de la coalición.
Un caso muy distinto pero que revela la misma debilidad de la falta de lealtades internas, es el caso del ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez, que debió renunciar por dar positivo en un test de droga, aunque posteriormente a través de otros test en otros laboratorios demostró que decía la verdad y que no había consumido drogas. Pese a esto se abrió un debate en torno a su eventual regreso, donde el Ministro de Hacienda afirma que lo echa de menos, pero que la decisión de su reintegro depende del Ministro de interior, poniendo la presión en el ministro Alvarado, y olvidando que la designación del subsecretario, así como la decisión de su salida, es exclusiva del Presidente de la República.
La consecuencia es evidente. Cuando los propios partidos oficialistas transmiten dudas o cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno, la oposición encuentra un espacio para reorganizarse y los ciudadanos perciben un Ejecutivo más concentrado en administrar sus diferencias que en dar solución a sus necesidades y urgencias.
La experiencia comparada demuestra que las coaliciones exitosas no son aquellas donde todos piensan igual, sino aquellas que desarrollan mecanismos de coordinación y confianza suficientes para que las discrepancias se resuelvan internamente. La deliberación fortalece; la descoordinación pública debilita.
Gobernar nunca ha consistido únicamente en administrar recursos o impulsar proyectos de ley. Gobernar supone ordenar voluntades políticas detrás de un propósito compartido. Para ello no basta el liderazgo presidencial; también se requieren lealtades políticas que permitan procesar las diferencias sin convertirlas en un factor permanente de desgaste institucional. Ninguna mayoría parlamentaria compensa un oficialismo donde la desconfianza comienza a transformarse en el principal mecanismo de coordinación.
Fortalecer esas lealtades no es una cuestión de disciplina partidaria ni de control comunicacional. Es una condición básica para mejorar la gestión del Estado. Un gabinete que confía en sí mismo decide con mayor rapidez, coordina mejor sus políticas y transmite certezas tanto al sistema político como a la ciudadanía. Sin esa confianza, cada desacuerdo se convierte en una oportunidad para la oposición y cada diferencia interna termina amplificándose innecesariamente debilitando los esfuerzos del gobierno.
El desafío trasciende estos episodios. Los partidos que sostienen al presidente Kast deberán decidir si entienden que gobernar exige subordinar legítimas diferencias partidarias a un propósito común o si, por el contrario, permitirán que las disputas identitarias vuelvan a imponerse sobre la responsabilidad de gobernar. Las lealtades internas no son un valor accesorio: constituyen un activo estratégico para cualquier gobierno. De ellas depende no solo la eficacia de la gestión presente, sino también la posibilidad de consolidar una coalición política capaz de proyectarse más allá de un período presidencial, que es la vara de evaluación que el propio presidente Kast ha elegido para su mandato.
